Procurador General presentó demanda para que se disponga la cremación de los restos de Abimael Guzmán

El Procurador General del Estado, Daniel Soria, presentó una demanda de amparo ante la Corte Superior de Justicia de Lima para que se ordene a la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao que se abstenga de entregar los restos del fallecido cabecilla terrorista Abimael Guzmán a sus familiares y, a la vez, se disponga su cremación y su ulterior traslado de forma reservada a un cinerario público común, en resguardo del orden constitucional.

Según señala el documento presentado ante el juez de turno especializada en lo constitucional, hay una amenaza de violación de los derechos colectivos y tranquilidad y el derecho a la protección judicial de las víctimas del terrorismo (1980-2000). Según el procurador, el objetivo de la demanda de amparo es salvaguardar el derecho a la paz de todos los peruanos y evitar que las víctimas del terrorismo sean revictimizadas.

Prrotección de los derechos fundamentales

El procurador General del Estado argumenta que la función de protección de todos los derechos fundamentales constituye una obligación de todo el aparato estatal "quienes tenemos un rol de velar por estos intereses, en atención a la dimensión objetiva de los derechos fundamentales".

"No debemos olvidar el rol que cumplen los Procuradores públicos dentro del Estado Constitucional, pues, al contrario a lo que muchos puedan sostener, su función se encuentra orientadas no solo a defender los intereses institucionales, sino también a coadyuvar en el rol que tiene el Estado en la tutela y protección de los derechos fundamentales", mencionó.

La demanda de amparo indica, además, que "resulta constitucionalmente válido restringir la entrega de cadáveres a familiares de personas que en vida hayan sido condenadas por graves delitos de terrorismo, en aquellos casos, donde exista un riesgo real de que su tumba pueda constituir un lugar de culto que reivindique sus actos o sus ideologías".

Asimismo, se señala que la entrega del cadáver del cabecilla del grupo terrorista Sendero Luminoso supone un riesgo real objetivo a la paz y tranquilidad de todos los peruanos y peruanas pues su tumba podría ser utilizada como un lugar para exaltar y enaltecer sus crímenes, "situación que debe ser tuteladas por la justicia constitucional".

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