Una delegación realizará una visita de trabajo los días 29 de noviembre y 2 de diciembre en la que mantendrá reuniones con autoridades del Estado, representantes de la sociedad civil, víctimas de violaciones a los derechos humanos y otros actores relevantes.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará una visita de trabajo al Perú entre los días 29 de noviembre y 2 de diciembre de 2020 con el objeto de observar la situación de los derechos humanos en el contexto de las protestas sociales relacionadas con la reciente crisis política.
La delegación estará liderada por el presidente de la CIDH, Joel Hernández, e integrada por el comisionado Edgar Stuardo Ralón, relator para Perú, la secretaria ejecutiva interina, María Claudia Pulido, el relator especial para la libertad de expresión, Pedro Vaca, e integrantes del equipo técnico de la Secretaría Ejecutiva.
Durante su visita, la delegación mantendrá reuniones con autoridades del Estado, representantes de la sociedad civil, víctimas de violaciones a los derechos humanos y otros actores relevantes. Debido a la coyuntura de pandemia, la CIDH informó que no podrá recibir ningún tipo de documento ni solicitud en formato físico relacionado con peticiones y casos.
Defensoría denuncia uso excesivo de la fuerza policial
La Defensoría del Pueblo emitió un balance sobre las movilizaciones llevadas a cabo a nivel nacional en vísperas y concluyó que "se ha registrado uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública".
En ocho regiones del país se registraron hechos violentos, siendo los más graves los ocurridos en la ciudad de Lima, añadieron. Los enfrentamientos ocurridos en la capital entre manifestantes y policías se prolongaron por varias horas y dejaron dos fallecidos, además de más de una decena de heridos, entre civiles y agentes.
Tres ciudadanos participantes en las manifestaciones fueron impactados por proyectiles de armas de fuego, indicaron. Lo que queda por determinar es si fueron lesionados por perdigones, balas o similares.
Dada la gravedad de los hechos, demandaron la intervención del Ministerio Público para determinar la responsabilidad de quienes hicieron uso de dichas armas. Los comisionados defensoriales reportaron, además, que 18 personas fueron detenidas.
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