Defensoría del Pueblo: 411 municipios no han ejecutado presupuesto para compra de canasta de víveres

La Defensoría del Pueblo indicó que 411 municipalidades en diversos departamentos del país no han ejecutado el presupuesto que el Gobierno entregó para que adquieran bienes de primera necesidad de la canasta básica familiar, los cuales deben ser entregados a los hogares con mayores niveles de pobreza durante la cuarentena por la COVID-19.

A través de un comunicado, explicaron que mediante el Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), verificaron la ejecución presupuestal de 856 gobiernos locales de los departamentos de Lima, Callao, Lambayeque, Loreto, Piura, La Libertad, Áncash, Cusco, Arequipa, Ica, Tumbes y Junín y descubrieron que 411 municipios no ejecutaron los fondos entregados.

En Lima Metropolitana, los gobiernos locales recibieron la mayor cantidad de recursos para la adquisición y distribución de la canasta básica familiar, pero que no adquirieron los productos. Precisaron que Comas, San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, San Martín de Porres y Carabayllo, además de Callao Cercado y Ventanilla en la Provincia Constitucional del Callao recibieron entre 1 y 2 millones de soles.

Indicaron también que en las 12 regiones con mayores casos del nuevo coronavirus, el monto utilizado por los municipios representa solo el 37% del total recibido, lo que equivale a S/45 millones de S/121 millones, con lo cual S/76 millones no han sido ejecutados al 17 de abril de 2020; es decir, 33 días después de iniciada la cuarentena.

La Defensoría del Pueblo consideró esta situación preocupante, debido a que implicaría retrasos en la adquisición y distribución de la canasta básica familiar a favor de la población pobre, cuyas actividades cotidianas tuvieron que suspenderse por la emergencia sanitaria.

En esa línea, instaron a los gobiernos locales a ejecutar con celeridad y de manera efectiva y transparente el presupuesto transferido, pues consideraron que es responsabilidad de los alcaldes dar un uso eficiente a los recursos, garantizando la entrega oportuna de los bienes de primera necesidad a la población vulnerable.