Defensoría del Pueblo urge al Gobierno implementar medidas para garantizar seguridad en transporte urbano

La Defensoría del Pueblo exhortó este jueves al Poder Ejecutivo a implementar, de manera urgente, un plan que contenga diversas medidas dirigidas a ampliar el servicio de transporte urbano y a racionalizar su uso.

De esta manera se busca garantizar la salud de las personas y evitar la expansión de los contagios por la COVID-19 ante el levantamiento de la inmovilización social obligatoria y las aglomeraciones de pasajeros detectadas en varias regiones del país.

La institución recordó el documento dirigido hace un mes a diversas instancias del Ejecutivo, así como a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y a los alcaldes provinciales de Lima y Callao, en el que advertía los problemas potenciales en el transporte urbano y planteaba diversas medidas para hacer viable una movilidad segura ante la reapertura de las actividades económicas.

El citado documento fue dirigido el pasado 4 de junio a la Presidencia del Consejo de Ministros y a los ministerios de Transportes y Comunicaciones, Economía y Finanzas, Comercio Exterior y Turismo, Trabajo y Promoción del Empleo; y de la Producción.

En este se recomendó adaptar diversos requisitos a fin de incorporar temporalmente vehículos de transporte especial y de transporte interprovincial al transporte urbano, así como a los servicios del Metropolitano y corredores complementarios, para incrementar la flota vehicular y descongestionar el transporte público.

Como parte de las recomendaciones, la institución planteó también el otorgamiento de subsidios para las empresas de transporte urbano regular, sujeto a la demostración del cumplimiento de los protocolos sanitarios y el respeto a los derechos laborales de sus trabajadores. Asimismo, la generación de nuevas rutas paralelas a las actualmente existentes.

Finalmente, la institución solicitó el establecimiento de horarios escalonados en los centros de trabajo, la contratación por parte de las entidades públicas y empresas particulares de transporte exclusivo para su personal y el reforzamiento del trabajo remoto.

Ante el reinicio gradual de las actividades económicas, la Defensoría del Pueblo considera necesario recordar que el problema del transporte público requiere medidas efectivas que deben implementarse en colaboración mutua entre los poderes del Estado y los gobiernos regionales y locales, a fin de asegurar que las y los usuarios hagan uso de este servicio sin poner en riesgo su salud ni su seguridad.

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