La Defensoría advierte que suspender acceso a internet afectará derechos de millones de personas en situación de vulnerabilidad

La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación sobre el riesgo que corren millones de personas, cuyos derechos a la salud, educación y trabajo serán afectados, con la medida anunciada del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) de autorizar la suspensión de servicios de telecomunicaciones, desde el 03 de junio, a quienes no hayan pagado dos o más recibos de consumo.

El titular del organismo público, Walter Gutiérrez, advirtió el riesgo que representa el corte de telefonía e internet en consumar un aislamiento total, al agravar aún más los efectos colaterales perjudiciales de esta medida en la población. "El distanciamiento social decretado por el estado de emergencia sanitaria solo será viable si las y los ciudadanos pueden mantenerse conectados y comunicados a través de estas vías alternativas", dijo en un comunicado.

En ese sentido, señaló que resulta, cuanto menos, contrario al sentido y objetivo de las propias medidas impulsadas por el Gobierno para proteger a las poblaciones más vulnerables, "anunciar un aislamiento social absoluto que afectará a quienes tienen menos recursos, privándolas de la telesalud, el teletrabajo, la educación a distancia y el propio vínculo con el Estado, pues el internet representa un canal importante de transmisión que garantiza la recepción de sus mensajes en la ciudadanía".

El defensor del Pueblo recordó, además, que el acceso a la información pública, según el Tribunal Constitucional, se encuentra condicionado por el acceso al internet. "Este último ha sido reconocido como un derecho humano por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2016[1] y 2011[2], al establecer que el acceso a la información en Internet ofrece grandes oportunidades para una educación asequible e inclusiva a nivel mundial. En este contexto de pandemia, por tanto, el tratamiento que se le dé debe tener un particular cuidado", indicó.

Walter Gutiérrez dijo que la Defensoría del Pueblo comprende que es necesario hacer sostenible el servicio de telecomunicaciones; por ese motivo, el Estado debe tener la capacidad de identificar quiénes sí pueden y deben realizar tales pagos, y quiénes no. "La política del Estado debe, por tanto, ser focalizada y segmentada para evitar perjudicar a las personas en situación de mayor vulnerabilidad económica, cuyos derechos fundamentales serán afectados al restringírseles el acceso a esta trascendental vía de comunicación en pleno estado de emergencia", agregó.

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