Defensor del Pueblo pide postergar el corte del servicio de telecomunicaciones a clientes morosos

El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, calificó de "medida drástica" la resolución del Osiptel que indica que a partir del 3 de junio se podrá cortar el servicio de telecomunicaciones a los clientes con 3 o más recibos pendientes de pago y que no los hayan fraccionado.

"Es una medida que no ha previsto la situación. Esta situación de emergencia sanitaria ha cambiado la condición de cientos de miles y millones de personas. Hay 1 millón 200 mil personas sin trabajo, solo en Lima. Son cifras dramáticas", señaló.

"A nosotros nos parece que, si ya se ha decretado, hace más de 70 días, un confinamiento, una cuarentena, cortar el servicio telefónico sería prácticamente una cuarentena absoluta, (cortar) la internet y la telefonía total. Llegaríamos a un nivel de aislamiento brutal", agregó.

En entrevista con RPP Noticias, el defensor del Pueblo señaló que las empresas de telecomunicaciones "tienen que tener capacidad para identificar quiénes pueden pagar y deben pagar". Asimismo, consideró que se necesita "más tiempo" para que las personas puedan informarse de la posibilidad de realizar un fraccionamiento.

"Mi invocación a las autoridades, a Osiptel, es que reevalúen esto y, cuando menos, lo posterguen, pero no simplemente para el mero discurso del tiempo, sino para tomar alternativas que puedan encontrar salidas a esta situación", anotó.

El titular de la Defensoría del Pueblo también se mostró a favor de que se pueda evaluar la posibilidad "un apoyo o bono temporal" para el acceso al internet por tratarse de un servicio fundamental en estos tiempos, tal como se viene implementando en otros países, donde el Estado y la empresa privada han tomado mecanismos de previsión.

Gutiérrez cuestionó que la apuesta del Gobierno por una educación digital en medio de la pandemia generada por la COVID-19 se puede ver afectada "por otro brazo del Estado que le genera un obstáculo". Asimismo, recordó que esto afectará otro tipo de servicios remotos como la telemedicina.

"También afectaría la posibilidad de que el Estado se comunique con los ciudadanos, porque algo que está fallando es la comunicación. Si solo el 2,3% se ha acogido (al fraccionamiento), se tendrá que reconocer que ha fallado la comunicación. La comunicación ha fallado, no ha sido suficiente, entonces no podemos ser insensibles a esta situación", dijo.