La violencia contra las comunidades indígenas que la pandemia no ha frenado

Las restricciones impuestas por la COVID-19 en nuestro país no han evitado que entre los meses de marzo y junio defensores de la selva hayan sido atacados, asesinados y sus comunidades continúen recibiendo agresiones, presuntamente de criminales dedicados a la invasión de terrenos y actividades como tala ilegal, minería ilegal y narcotráfico.

Estas amenazas no son recientes. Durante años, los criminales han aprovechado la poca vigilancia del Estado en poblaciones alejadas para desarrollar sus actividades ilícitas.

Las últimas muertes registradas son las de los líderes indígenas Gonzalo Pío Flores, jefe de la Comunidad Nativa Nuevo Amanecer Hawai, ubicada cerca del límite de las regiones Junín, Pasco y Ucayali; y Arbildo Meléndez, jefe de la Comunidad Nativa Unipacuyacu (Huánuco). Ambos luchaban por la titulación de sus comunidades y, tras años de amenazas y agresiones denunciadas ante las autoridades, de acuerdo con las versiones de sus familiares, fueron asesinados el 17 de mayo y el 12 de abril, respectivamente.

Víctor Pío, hermano del apu asháninka, sindica a presuntos traficantes de terrenos y madereros como los responsables de la muerte y las agresiones previas que había sufrido Gonzalo Pío. El mismo móvil, cuenta, estaría detrás del asesinato de su padre, Mauro Pío Peña, ocurrido en 2013.

Tras la muerte de Gonzalo Pío, las amenazas no han cesado. “Tanto a mi familia como a los miembros de la comunidad nos siguen amenazando. Los criminales mandan a sus familiares o nos llaman diciendo que nos van a asesinar”, denunció Víctor Pío.

Además, señala que las medidas restrictivas como la cuarentena no han logrado que disminuyan los amedrentamientos. En la selva es más difícil controlar el tránsito de las personas, explica.

La fiscal a cargo de este caso, Martha Baldeón, detalló que se han emitido órdenes de captura contra tres personas, dos de ellas menores de edad. Esta investigación, en etapa preliminar, también se ha pausado por el contexto del nuevo coronavirus.

En tanto, la investigación por la muerte de Arbildo Meléndez se encuentra en etapa preventiva, precisó la fiscal provincial Verónica Julca, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puerto Inca. Se detuvo a un sospechoso del homicidio, quien ahora cumple una orden de comparecencia con restricciones. 

Zulema Guevara, viuda de Meléndez, señala que su esposo habría sido asesinado debido a conflictos territoriales. “Siempre nos llegaban amenazas de invasores de la comunidad de que nos iban a matar o de que iban a matar a Arbildo”, dice a RPP.

La representante del Ministerio Público explicó que las diligencias se vieron afectadas por las restricciones de movilidad ante el avance de la COVID-19, además de las dificultades que afronta su institución en estos casos por la lejanía de la comunidad. “Esperamos que cuando se levanten las medidas las diligencias se puedan realizar más rápido”, indica.

Actualmente, Zulema Guevara y sus hijos cuentan con protección y están lejos del alcance de los atacantes. Sin embargo, temen que una vez levantada la cuarentena y reactivado el tránsito interprovincial, los asesinos de su esposo puedan buscarlos para agredirlos.

Otros casos y cifras

De acuerdo con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), diez líderes indígenas han sido asesinados en la selva peruana desde 2013 hasta la fecha, incluyendo a Arbildo Meléndez y Gonzalo Pío Flores, defendiendo el medio ambiente.

Berlín Diques, representante de la Organización Regional AIDESEP Ucayali - ORAU (que abarca las regiones de Loreto, Huánuco y Ucayali), señala que durante los meses de la pandemia se han producido al menos tres casos de amenazas o agresiones que ya están en manos de las autoridades. Sin embargo, afirma que hay muchos más que no se denuncian por “miedo a las represalias y porque no confían en las autoridades“, además, el contexto de la pandemia ha dificultado las gestiones.

“Siempre ha habido una inoperancia muy fuerte de parte del Estado, que no se ha preocupado de las poblaciones indígenas, ahora mucho menos con la situación de emergencia que atraviesa el país por el COVID”, sostiene Diques.

Uno de los últimos atentados fue contra el apu Rodil García Odisio y los otros líderes de la Comunidad Nativa Cametsari Quipatsi, ubicada en la provincia de Coronel Portillo (Ucayali). Según ORAU, ellos “vienen siendo amenazados por los taladores ilegales y cocaleros migrantes de otras regiones”.

Otro caso es el de la comunidad shipiba Santa Clara de Uchunya (Ucayali), que pese a haber recibido su título de propiedad en febrero de este año luego de una larga batalla, continúa siendo amenazada por invasores de terrenos.

“Los invasores siguen entrando como si fuera su terreno, dicen que son dueños, que han comprado, pero nosotros tenemos el título. No hemos podido pedir seguridad porque por la pandemia es difícil movernos”, cuenta el líder de esa comunidad, Efer Silvano.

Incremento de la vulnerabilidad

La adjunta para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Alicia Abanto, indica que durante el periodo de pandemia se han incrementado los ataques y amenazas para los líderes indígenas.

“Hemos sido informados de nuevas situaciones de amenazas e indefensión con relación a actividades que tienen que ver con tráfico de tierras, tala, minería ilegal y narcotráfico”, afirma.

Además, comenta que en estos días “las comunidades se sienten más indefensas” porque los mecanismos de protección y la intervención de las autoridades se han visto obstaculizados.

“La pandemia ha implicado una serie de cambios en las capacidades institucionales para desplazarse a las zonas más alejadas. Los esfuerzos de las entidades se han concentrado en las zonas urbanas. A eso se suma que hay policías y miembros de las Fuerzas Armadas que han caído enfermos, así que ya no hay la misma posibilidad de movilizar personal de seguridad a las zonas rurales”, explica.

Por su parte, la abogada María del Mar Pérez, representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), afirma que la situación de indefensión “se ha agudizado” por “la falta de presencia estatal y porque las economías ilegales que operan en estos territorios han continuado funcionando sin ningún obstáculo”.

“Si normalmente no hay presencia del Estado en estos territorios, con la emergencia hay una vigilancia menor que ha sido aprovechada” por los criminales, añadió.

Ambas coinciden en que, en la práctica, existe una posibilidad muy baja de que las garantías se hagan efectivas y brinden una protección real a los miembros de una comunidad. Esta falta de seguridad, sumada a la ausencia de condenas ejemplares, genera sensación de impunidad para los perpetradores.

Tareas pendientes

¿Qué hacer frente a este panorama? El Estado se comprometió a tener para 2019 un registro de ataques a defensores de la Amazonía, y a partir de las estadísticas que surjan de él se podrían crear políticas de protección, señaló la representante de la CNDDHH.

Como parte de este compromiso, el Ministerio de Justicia (MINJUS) aprobó, a principios del año pasado, un protocolo que contempla un registro de denuncias, así como la intervención del sector ante otras instancias para procurar que se brinde protección a las comunidades e impulsar las investigaciones de los casos. Sin embargo, el proceso de implementación del protocolo “se ha paralizado por la pandemia”, dice Pérez.

Si bien este es un primer paso, Abanto señala que el impacto del protocolo sería limitado porque no rige para todas las entidades estatales, sino solo para el MINJUS. Por lo que, en su opinión, se requieren medidas de mayor alcance coordinadas con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, así como los gobiernos regionales y locales.

“Se necesita una intervención del Estado con mayor premura ante las amenazas que reciban los líderes, cosa que no está ocurriendo y ha empeorado con la pandemia”, dice Abanto.

Otra medida que pide la CNDDHH es la titulación de las propiedades de las comunidades. “Anular los títulos que han sido otorgados de manera irregular a invasores y otorgarlos a las comunidades es la manera de protegerlos, a través de la seguridad jurídica”, sostiene Pérez.

“Mientras el Estado no interviene en estos territorios, son las comunidades las que están dejando la vida para defender los bosques”, remarca.