La ministra de Justicia, Ana Neyra, informó en RPP Noticias que la próxima semana se comenzarán a aplicar las primeras 60 mil pruebas a igual cantidad de reos y que su sector está realizando las gestiones para completar las faltantes.
Para septiembre, los más de 90 mil internos que hay en los diferentes penales a nivel nacional habrán sido sometidos a pruebas para detectar la COVID-19. Ese es el compromiso anunciado este jueves por la ministra de Justicia, Ana Neyra.
En entrevista con RPP Noticias, la flamante ministra aseguró que una de sus prioridades al frente de la cartera de Justicia es "atender la emergencia sanitaria en los establecimientos penitenciarios".
Para ello, ha solicitado al jefe del Insituto Nacional Penitenciario (INPE) un informe detallado sobre la situación de la epidemia en los penales. Asimismo, le ha pedido que "toda la población penitenciaria, los 90 mil internos, pase la prueba" del coronavirus.
"Esto es central para mí porque permite establecer líneas de acción claras sobre quiénes son los contagiados y cuál va a ser la atención sanitaria en cada establecimiento penitenciario", expresó.
Neyra explicó que el Minjus ya recibió una cantidad de alrededor de 60 mil pruebas que comenzarán a ser aplicadas "a partir de este lunes o martes" a igual cantidad de reos.
"Vamos a empezar a realizarlas y estamos haciendo las gestiones para completar el número faltante y poder cubrir los 90 mil presos".
Al consultarle para cuándo se completaría el tamizaje a nivel nacional, la ministra respondió: "Estamos reforzando los equipos, porque la primera proyección que nos dieron era alrededor de septiembre y queremos reducir esos plazos. Estamos trabajando para tener resultados mucho antes, tratamos de que sea en agosto. No podría asegurar todavía que lo haremos en agosto, pero nuestro objetivo es que sea así", precisó.
Por otro lado, la titular del Minjus informó que hasta la fecha se han registrado 288 internos fallecidos y 28 servidores penitenciarios muertos a causa de esta enfermedad en todo el país.
No obstante, reconoció que pueda existir un subregistro en los casos reportados en penales, tal como ha sucedido "a nivel nacional". Por ello, se comprometió a incluir a los centros de reclusión en el sinceramiento de las cifras totales que está llevando a cabo el Gobierno.
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