El procurador general del Estado sostuvo que la denuncia en contra del mandatario se realizó en coordinación con la Procuraduría Anticorrupción.
En una entrevista concedida al diario Perú 21, el procurador general del Estado, Daniel Soria, se refirió a la denuncia en contra del presidente Pedro Castillo, al ser consultado sobre las consecuencias que esta ha tenido.
“Una denuncia contra un alto funcionario es un tema serio. Soy un profesional que trabaja en equipo y tengo determinadas acciones que realizar y esto no necesariamente debe tener un reflejo mediático. A la ciudadanía se le rinde cuentas ante los medios cuando hay cosas concretas”, mencionó y descartó que se trate de un tema personal en contra del mandatario y de las personas de su entorno.
“Hacemos un análisis de los casos, y ese análisis se tiene que hacer bien, porque –imagine– un abogado que actúa de manera impulsiva y no hace un análisis previo siempre termina perdiendo los casos”, agregó.
EXPERIENCIA PARA EL CARGO
Soria también fue consultado sobre la acusación del abogado de Pedro Castillo, Eduardo Pachas, quien manifestó que no cumplía con el requisito de tener dos años de experiencia mínima como procurador para desempeñarse en el cargo. Al respecto, este detalló lo siguiente.
“El requisito exactamente dice ‘trayectoria en la defensa jurídica del Estado’ y eso no se puede interpretar de manera restrictiva en el sentido de que equivale a haber sido procurador. (…)
Mi experiencia previa –que ya fue presentada cuando fui designado en 2020– es de casi cinco años de trabajo en la Defensoría del Pueblo en la época del primer defensor Jorge Santisteban de Noriega y en parte en la gestión de Walter Albán. Fui abogado en la adjuntía especializada en asuntos constitucionales, encargada de apoyar al defensor del Pueblo en una función de ejercicio en procesos judiciales como demandas de inconstitucionalidad, de acción popular, hábeas corpus y hábeas data que tiene que presentar el defensor. La defensa jurídica del Estado no se puede entender como equivalente a haber sido procurador”, expresó.
Asimismo, señaló que actualmente se habla de la nulidad en la resolución de su nombramiento, algo que desde su punto de vista sería delicado, la que implica un “vicio de origen” en la resolución.
“Esto podría entenderse que mis actos como procurador serán nulos. Las designaciones de nuevos procuradores serán nulas y así otras decisiones. Hay que tener mucho cuidado con las consecuencias hacia la institución. Esta es nueva y no se puede dar el lujo de empezar de cero”, agregó.
Finalmente, al ser consultado sobre si el presidente y el ministro de Justicia deben continuar nombrando al procurador general del Estado, Soria señaló que se ha presentado un proyecto de ley que busca modificar la norma para que el procurador sea nombrado por concurso público por la Junta Nacional de Justicia (JNJ)
“Queremos que esto sea así y que sea aprobado lo más pronto posible. Si esto se aprueba este año en el Congreso, mi mandato se reduciría, pero este sería un legado que puedo dar a la institución. El siguiente procurador general debe ser nombrado meritocráticamente por la JNJ”, acotó.
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