A través de un pronunciamiento pidieron que "en breve plazo" se realice una prueba de ADN. "Urge regular técnicas de reproducción asistida para proteger derechos de niños/niñas y de la familia", señalaron.
La Defensoría del Pueblo consideró que no se ha configurado el delito de trata de personas en la modalidad de venta de niños, niñas y adolescentes, en el caso de la pareja de ciudadanos chilenos detenida por pretender sacar del país a dos menores nacidos en el Perú bajo el procedimiento de reproducción asistida. A esta conclusión llegaron funcionarios de la Defensoría tras la reunión sostenida con los familiares de la pareja de esposos y su abogado.
“La revisión de los documentos obtenidos nos lleva a señalar que los hechos no tipifican en el citado delito, debido fundamentalmente a que los niños serían fruto de un proceso de maternidad subrogada, situación que no se ajusta al ilícito penal que sanciona la venta de niños”, explicó el adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Percy Castillo.
Sin embargo, para un mayor esclarecimiento de los hechos, la Defensoría del Pueblo considera que es necesaria la realización en el más breve plazo de una prueba de ADN, "que podría llevarse a cabo en un laboratorio privado debido a la extrema celeridad requerida". En ese sentido, la Defensoría solicitará al Ministerio Público y al Poder Judicial que dispongan las acciones pertinentes para el desarrollo de la mencionada prueba.
La adjunta para la Niñez y la Adolescencia, Matilde Cobeña, informó que la Defensoría ha tomado acciones para garantizar el bienestar de los niños que se encuentran en un Centro de Acogida Residencial del Inabif, entre ellas la visita al mismo, donde se comprobó que los pequeños reciben la atención correspondiente. Expresó también que estas visitas continuarán durante el desarrollo de las investigaciones penales, tomando en consideración el interés superior de los niños. También se ha visitado a la pareja detenida para verificar sus condiciones carcelarias y garantizar sus derechos.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo invocó al Poder Ejecutivo, en especial a los ministerios de Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Justicia y Derechos Humanos, a elaborar un marco normativo que regule las técnicas de reproducción asistida, de manera respetuosa de los derechos fundamentales de las persona. "La falta de normas pueden desproteger los derechos de los niños, de la familia y la sociedad en general", advierten.
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