Walter Gutiérrez, titular de la Defensoría del Pueblo. | Fuente: Andina

La Defensoría del Pueblo señaló este lunes que la pena de muerte "no constituye una medida adecuada para combatir la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes".

El organismo público se pronunció poco después de que el presidente Martín Vizcarra afirmara, en el Día Internacional de la Mujer, que su gobierno no descarta evaluar la pena de muerte para violadores sexuales, algo que está prohibido por la Constitución Política de 1993.

El defensor Walter Gutiérrez recordó que la posibilidad de imponer la pena de muerte para los delitos de violación de mujeres y menores de edad "obligaría al Estado peruano a retirarse de la Convención Americana de Derechos Humanos, eliminando con ello uno de los principales mecanismos de protección de los derechos de sus ciudadanas y ciudadanos".

Explicó también que un retiro de esta Convención dejaría al Perú fuera del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos debido a que no es posible denunciar solo un artículo de la misma.

Cómo combatir la violencia de género

En ese sentido, advirtió que, con ello, se dejaría en una posición de grave vulnerabilidad otros derechos como la vida, la libertad personal, la integridad, la libertad de expresión, entre otros.

En el Perú, la Constitución de 1993 dice en su artículo 140: "La pena de muerte solo puede aplicarse por el delito de traición a la patria en caso de guerra, y el de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada".

En atención a la Convención Americana, los países que han abolido o limitado la pena de muerte no pueden ampliarla a nuevos supuestos.

El defensor del Pueblo recordó que en 1994 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la Opinión Consultiva OC-14/94, en la cual señaló que el Perú no podría ampliar los supuestos de pena de muerte.

Walter Gutiérrez manifestó, además, que el debate sobre la imposición de la pena de muerte para los casos de violación sexual de mujeres y menores de edad "es inconducente y distrae de las acciones que debe realizar el Estado para combatir la violencia".

Agregó que el enfoque debe partir por adoptar medidas de prevención eficientes, como el fortalecimiento del sistema de protección a la niñez y adolescencia, así como servicios de educación y justicia con enfoque de igualdad de género necesarios para eliminar todo tipo de violencia.

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