Defensoría pide diálogo inclusivo con indígenas de la Amazonía

La defensora del Pueblo de Perú, Beatriz Merino, instó al Gobierno a promover un diálogo "inclusivo" con las comunidades indígenas de la Amazonía para evitar mayores actos de violencia como los del viernes pasado, que se saldaron con más de 30 muertos.

Tras los enfrentamientos y la toma de rehenes en la provincia de Bagua, el Gobierno peruano abrió un nuevo proceso de diálogo, pero excluyendo a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).

Dicha exclusión enardeció a los dirigentes de este grupo, el más importante de la Amazonía, pues engloba a siete de las doce organizaciones regionales indígenas.

"No es conveniente que se inicie (la conversación) con el veto ni la exclusión mutua", dijo Merino, en una reunión con la prensa extranjera en Lima, en la que informó que el número de muertos en los choques subió a 34.

El diálogo entre representantes de los gobiernos centrales y regionales y diez "apus" (jefe de comunidades indígenas) de los 1.400 que se calcula existen en el país debe ser "inclusivo" y "de amplia convocatoria", insistió.

"Nos preocupa la representatividad", señaló la defensora del Pueblo, quien destacó la necesidad de "recomponer una relación quebrada entre el Estado y los pueblos indígenas".

En ese sentido, pidió a las partes deponer "toda medida de fuerza", en referencia al estado de emergencia y el toque de queda impuesto por el Gobierno en las regiones amazónicas, y el despeje de las carreteras por parte de los indígenas.

Desde el 9 de abril, las comunidades indígenas protestan con bloqueos, marchas y toma de instalaciones contra una decena de decretos legislativos que consideran lesivos a sus derechos y al medio ambiente, además de inconstitucionales porque contravienen el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El Congreso suspendió el miércoles pasado de forma indefinida dos de ellos, los decretos 1090 y 1064.

El primero de ellos busca regular y supervisar el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, mientras que el segundo promueve la inversión privada en el sector agrario.

El decreto 1064 establece, además, que las tierras de uso agrario quedan sujetas a la servidumbre del paso de oleoductos, gasoductos e instalaciones para la exploración y explotación minera y petrolera.

La Defensoría presentó la semana pasada una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto 1064, incluido en un paquete de medidas para adecuar el Tratado de Libre Comercio con EE.UU. a la legislación peruana, por considerar que vulnera el derecho a consulta.

De acuerdo con el Convenio 169 de la OIT, "si no hay acuerdo no hay derecho a veto", pero por ello "es responsabilidad del Estado la búsqueda del consenso", indicó Merino.

La defensora estimó necesario que el Congreso "reconozca oficialmente la validez y necesidad del proceso de diálogo e incorpore sus resultados en los contenidos de los decretos legislativos" y apruebe los mecanismos "ad-hoc" para las consultas.

Por ello, su oficina entregará hoy una propuesta al Ejecutivo, elaborada junto a la Conferencia Episcopal, sobre los mecanismos de diálogo.

Merino también informó de la muerte en un hospital de Bagua de otro civil más, lo que eleva a 34 los fallecidos en los hechos violentos del viernes pasado, y cifró en 200 los heridos, cien de ellos indígenas con heridas de bala.

En relación a las denuncias de desapariciones de indígenas, consideró preferible hablar de "no ubicados", al destacar que ellos suelen esconderse en casas o centros eclesiales.

En este sentido, indicó que 1.035 indígenas han regresado a sus comunidades, mientras que persiste la duda sobre el paradero de una persona.

-EFE

-Foto: ANDINA