Derrame de Loreto: cronología de una (nueva) tragedia ambiental en Perú

La mañana de este vienes se confirmó que la Procuraduría Pública Especializada en Delitos Ambientales denunció penalmente a Germán Velásquez Salazar, presidente y representante legal de la empresa Petroperú, por la presunta comisión del delito de contaminación en la modalidad de contaminación del ambiente. El portal Mongabay realizó un informe detallado sobre este tema.

Delito. La denuncia era previsible, después de que el propio ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, presentó documentos que evidenciaban que la empresa petrolera había bombeado crudo cuando no contaba con la autorización para hacerlo. El procurador Julio Guzmán le dijo a Mongabay (portal para información de selva tropical y educación ambiental) que esta acción de la empresa se considera de alto riesgo y por lo tanto es pasible de ser sancionada penalmente.

Denuncia penal. “¿Cuándo nosotros determinamos que hay delito? Cuando Osinergmin (Organismo Supervisor de la inversión en Energía y Minería) nos confirma el día martes en la tarde que ellos no habían autorizado ningún bombeo, o sea no se había autorizado que el ducto pueda tener actividad extractiva, que pueda trasladarse por el ducto petróleo en pocas palabras. Si Osinergmin no dio la autorización y el ducto estaba con suspensión de actividades, ¿cómo es que aparece una boleta de bombeo? Ese es un indicio claro de que ellos no estaban obedeciendo la suspensión y que venían desarrollando traslado del crudo por el ducto”, señaló el procurador del Estado, refiriéndose a una de las razones principales por las que se presentó la denuncia penal.

Inspección fiscal. El procurador Guzmán le adelantó a Mongabay, en una entrevista, que este viernes el fiscal de Maynas lleva a cabo una inspección en la que participan también algunos funcionarios de la OEFA y un representante de la Procuraduría. Esta diligencia legal tiene como objetivo recoger imágenes y tomar muestras in situ de todo lo ocurrido.

Derrames de petróleo. La denuncia de la procuraduría del Estado es el punto final de una larga y escandalosa historia de derrames de petróleo en el Perú, una historia en la que la empresa estatal ha acumulado multas e infracciones. De hecho, aunque este último derrame fue el tercero de este año, en los últimos cinco Petroperú acumuló más de 20 accidentes que han perjudicado gravemente la salud de múltiples comunidades indígenas. Mongabay cubrió paso por paso todo lo ocurrido en este último incidente que afectó a la comunidad de Barranca, en Datem del Marañón, y tiene la historia completa de cómo se desencadenó la renuncia del director de Petroperú.

CRONOLOGÍA

Nuevo derrame y origen de las sospechas. La noche del viernes 24 de junio, la noticia se difundió rápidamente: había ocurrido un nuevo derrame de petróleo en el distrito de Barranca, en la provincia de Datem del Marañón. Petroperú lo confirmó al día siguiente y precisó que un equipo de especialistas estaba ya en la zona ejecutando un plan de contingencia. A través de un comunicado, la empresa sostuvo por primera vez que no estaba bombeando crudo porque las operaciones se encontraban suspendidas desde el 16 de febrero, debido a una serie de derrames previos. Al día siguiente, Mongabay publicó el reporte del responsable de la Red de Salud de Datem del Marañón en el que se mencionaba que cuando llegó el personal de Petroperú a la zona, recién en ese momento, se dejó de bombear el crudo.

Primeras fotos del desastre. Al día siguiente, la periodista Bárbara Fraser viajó hasta Barranca, en la Amazonía peruana para registrar de primera mano la magnitud del desastre. Sus imágenes fueron una de las pocas que evidenciaron las consecuencias de lo ocurrido. El 25 de junio el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ingresó a supervisar la zona del derrame y lo que encontró ya evidenciaba una versión totalmente distinta a la sostenida por Petroperú. En un comunicado del 27 de junio, OEFA informó que existían “indicios de que Petroperú bombeó hidrocarburo a través del oleoducto”. De acuerdo a los fiscalizadores, la cantidad de crudo derramado sería de aproximadamente unos 600 barriles y el área afectada se calculaba en unos 16 mil metros cuadrados.

El “NO” de Petroperú. El 26, 27 y 29 de junio, a pesar de los hallazgos de los supervisores de la OEFA, la empresa estatal de hidrocarburos siguió repitiendo el mismo argumento: el Oleoducto Nor Peruano no está realizando labores de bombeo de crudo, las actividades se encuentran suspendidas hace más de 120 días y se siguen investigando la causa de los hechos.

Ministerio del Ambiente acusa. El miércoles 29 de junio, el Ministerio del Ambiente (Minam) convocó repentinamente a una conferencia de prensa en la que su titular Manuel Pulgar Vidal acusó públicamente a Petroperú de haber “incumplido la obligación de mantener el bloqueo”. El ministro dijo ante la prensa: “alguna persona ha tomado una decisión sumamente irresponsable y ha bombeado petróleo sin autorización”. Además, el Minam confirmó que se causaron daños materiales en los alrededores y que por este motivo el procurador de esta cartera ministerial presentaría en una demanda ante el Ministerio Público.

Humala indignado. En la conferencia de prensa, Pulgar Vidal señaló que el presidente de la República, Ollanta Humala, se sentía indignado por lo ocurrido y agregó que le correspondía ahora a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del Ministerio de Energía y Minas (MEM), miembros del directorio de la empresa estatal, tomar las decisiones sobre “la conducción de Petroperú” y que estaba “seguro de que el próximo día (por el 30 de junio) este tipo de decisiones habrían sido adoptadas”.

Confirmación del bombeo. Un día después, con dos instituciones de gobierno abiertamente enfrentadas y con dos versiones totalmente distintas de lo ocurrido, la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, anunció la renuncia del presidente de Petroperú. Ella señaló que existen pruebas de que Petroperú sí bombeo petróleo sin contar con la autorización del Osinergmin, institución que había ordenado la suspensión de las actividades en febrero de este año. La titular del MEM dijo que “es una falta muy grave y sin perjuicio de ello se establecerán las responsabilidades para saber qué empleado autorizó el bombeo”.

Varios derrames. Durante la presidencia del saliente Germán Velásquez, la empresa estatal de hidrocarburos estuvo involucrada en cuatro derrames de crudo en la Amazonía peruana. Sin embargo, la petrolera estatal ya arrastraba un largo historial de continuos derrames. De acuerdo a la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA): “Los constantes derrames de hidrocarburos a lo largo del oleoducto permiten concluir que estos no constituyen accidentes aislados y fortuitos en la operación de la empresa, sino que se trata de una mala estrategia de manejo ambiental originada por la obsolescencia del ducto y por la falta de inversión en su mantenimiento y mejora”.

Millonarias sanciones. El 30 de junio el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) impuso una nueva papeleta ambiental a Petroperú por un monto que asciende a más de 11 millones de nuevos soles. En el documento se advierte que esta sanción contra la empresa estatal se basa en el “incumplimiento reiterado y sistemático de sus obligaciones ambientales”. Esta no ha sido la primera. La petrolera estatal ya había recibido otra por no haber remediado el derrame en Cuninico.

No subsanaron. Un informe especial de Mongabay comprobó que efectivamente, en las zonas que debieron haber sido remediadas, las comunidades aún viven en condiciones poco saludables, bebiendo agua de las lluvias por temor a la contaminación.

La denuncia penal. Se confirmó la demanda anunciada por el Ministerio del Ambiente. El 30 de junio, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos Ambientales presentó una denuncia penal contra Germán Velásquez Salazar, presidente y representante legal de la empresa Petroperú, “por la presunta comisión del Delito de contaminación en la modalidad de Contaminación del Ambiente”.

Futuro de comunidades afectadas. Las comunidades indígenas son finalmente las que sufren las consecuencias. Como lo han señalado los pobladores de la localidad de Barranca, pero también los de Chiriaco, Cuninico y Morona, en un reciente informe de Bárbara Fraser para Mongabay, lo que más les preocupa es consumir agua que pueda estar contaminada y extraer el pescado en ese estado de los ríos. “No hay dónde pescar”, declaró consternado Juber Doñez, teniente gobernador de Barranca.

Temor con sustento. Sin ir muy lejos, en junio de este año, el Instituto Nacional de Salud practicó análisis de orina a los pobladores de Cuninico y San Pedro y advirtió que presentan niveles de mercurio y cadmio que significan un riesgo para su salud. Frente a este panorama, los pobladores de la comunidades indígenas afectadas insisten en una remediación completa de las áreas impactadas por los derrames de petróleo.