¿El Estado podrá pagar la reparación de daños a transportistas víctimas de extorsión o sicariato? Chávez Cotrina cuestiona viabilidad de Ley 32490

Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las Fiscalías contra la Criminalidad Organizada, expresó sus dudas sobre la viabilidad de los beneficios económicos planteados para las empresas de transporte víctimas de extorsión o sicariato contemplados en la Ley 32490.

“Si no tienen dinero para fortalecer el sistema de administración de justicia, ¿de dónde van a sacar plata para tantas víctimas extorsionadas que hay en el país? Son miles, no es uno solo. Y eso puede crear también falsas víctimas”, señaló en una entrevista con el programa Prueba de fuego, de RPP TV.

Recientemente, el presidente de la República, José Jerí, anunció que la Ley 32490 —que establece un conjunto de medidas extraordinarias contra los delitos de extorsión y sicariato que afectan al transporte público y de mercancías— será reglamentada el próximo sábado.

Chávez Cotrina hizo hincapié en la dificultad de establecer compensaciones económicas en casos de extorsión.

“Si lo van a reglamentar (la Ley 32490), tienen que tener el mayor cuidado. ¿En qué momento se va a otorgar la reparación: al presentar la denuncia, cuando capturan al delincuente o después de una sentencia que declare a la persona como víctima, lo cual puede demorar dos o tres años? Todo eso debe reglamentarse. La norma genérica es muy bonita, pero el problema es cómo lo hacemos y a quién se lo vamos a brindar”, sostuvo.

"La extorsión no solo afecta a las empresas de transporte"

Para el coordinador de las Fiscalías contra la Criminalidad Organizada, la norma se enfoca únicamente en los transportistas, por lo que la calificó de “discriminatoria” frente a otros sectores económicos.

“La extorsión no solo afecta a las empresas de transporte, sino también a farmacias, bodegas y otros negocios. Creo que estamos abriendo una puerta muy peligrosa”, advirtió.

Asimismo, Chávez Cotrina señaló que la ola de inseguridad que golpea al país no se soluciona únicamente con nuevas leyes, sino también con mayor “capacidad operativa”, que incluya inteligencia policial y recursos humanos y tecnológicos.

“Esta norma plantea un sistema integrado por la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Se supone que deben crearse fiscalías especializadas en sicariato y extorsión, así como divisiones policiales y juzgados especializados. Pero para crear todo eso se necesitan recursos económicos”, explicó.

Detalló que el Ministerio Público ha presentado al Ministerio de Justicia un proyecto que contempla la creación de dos fiscalías especializadas en Lima centro, así como en Lima norte, Lima este, Lima sur, Lima noroeste, además de otras en el Callao, Trujillo, Chiclayo, Sullana y Piura.

“Para empezar, con su fiscal superior y toda la logística y tener el alquiler de locales. Para implementar esas fiscalías y para darle el mantenimiento en el tiempo, nosotros hemos alcanzado un presupuesto de 52 millones de soles”, detalló.

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