El año 2025 dejó más de 2 mil 200 homicidios por la delincuencia, de acuerdo con el Sinadef. Es decir, 6 peruanos asesinados diariamente. Frente a este desborde de la criminalidad y ante la demanda de la población, el Ejecutivo ha anunciado que presentará el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Más detalles en el siguiente informe.
Tras haberse postergado en más de una ocasión, el presidente de la República, José Jerí, finalmente anunció que este jueves se presentará ante el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, CONASEC, el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, que contemplará medidas concretas para enfrentar la criminalidad en nuestro país:
“El jueves se va a presentar en el marco del CONACEC del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que lo tiene que aprobar. Tendremos ya una herramienta nueva, vigente y con base en principio de realidad, para justamente seguir combatiendo la inseguridad ciudadana”, señaló.
El jefe de Estado adelantó que esta herramienta, que convoca a distintos sectores comprometidos con la seguridad interna, ha sido elaborada respetando el marco legal peruano y que podría sufrir algunas modificaciones a propuesta del CONASEC, antes de ser publicada.
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¿Qué se espera de este plan de seguridad?
Para el exviceministro del sector Interior Ricardo Valdés, la propuesta del Ejecutivo debe contener indicadores que faciliten el monitoreo de las acciones a ejecutarse y determinar si son efectivas o no.
Asimismo, puntualizó que es importante que se determine de dónde saldrá el presupuesto para su implementación. “Que especifique claramente el presupuesto que va a demandar y que se establezca cómo se va a ejecutar ese presupuesto, si es un dinero adicional. Porque si vamos a seguir usando dineros que están ya destinados de acuerdo al presupuesto de la República aprobado en agosto, no creo que las cosas cambien”, dijo.
El presidente Jerí también manifestó que el plan consigna acciones preventivas y reactivas frente a la delincuencia, que en el 2025 les quitó la vida a 75 personas como fruto de actos de presunta extorsión contra el transporte público, de acuerdo con el Observatorio Criminal del Ministerio Público. Para Ricardo Valdés, estas medidas deben enfocarse en los distintos niveles de la criminalidad:
“Que explique qué se va a hacer a nivel de la delincuencia común, aquella que opere en las calles, tanto en lo preventivo como en lo reactivo. Que nos diga qué va a hacer a nivel de la criminalidad organizada, también en ambos segmentos. Y por último, cómo va a enfrentar y manejar el crecimiento de las economías ilícitas”, indicó Valdés.
El abogado penalista y criminólogo, Miguel Pérez Arroyo, considera que para que un plan de seguridad ciudadana funcione, se deben considerar nuevas y mejores tecnologías para perseguir y capturar a las bandas criminales que mantienen en zozobra a la población.
“¿Cómo se les captura? Ubicándolas de manera prácticamente en tiempo real. Y ¿Qué tecnología hay que utilizar para eso? Pues la tecnología que ahora mismo tenemos en el país no sirve para nada, porque para empezar, por ejemplo, en Perú no existe la geolocalización. Todo el tiempo nos hablan de geolocalización y eso es una trampa, eso es un absurdo, eso es una mentira. Lo que existe en Perú es georeferenciación, que es otra cosa, es diferente”, acotó.
No obstante, una vez presentada esta herramienta para combatir la violencia criminal, queda la duda respecto a cuánto tiempo pasará hasta obtener resultados.
El alcalde de Lima e integrante del CONASEC, Renzo Reggiardo, dijo que primero la propuesta debe ser evaluada cuidadosamente:
“Revisaremos ahí el detalle de la propuesta y del plan y una vez que ahí se pueda tener la mayor claridad posible, pues veremos cuánto demorará en implementarse, en la medida, reitero, que tenga realmente aportes considerables para reducir la violencia”.
En un contexto de creciente violencia, el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana surge como una respuesta urgente desde el Estado.
Sin embargo, su efectividad dependerá de que incluya metas medibles, presupuesto claro, tecnología adecuada y una implementación oportuna que realmente reduzca la criminalidad en un país donde, el año pasado, 6 millones de ciudadanos reportaron haber sido víctimas o conocer casos de extorsión, según el quinto reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia.
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