Cinco empresarios están siendo investigados por su presunta intervención en el pago de coimas de la multinacional Odebrecht al expresidente Alejandro Toledo.
Los exprocuradores Christian Salas y Luis Vargas Valdivia señalaron que la orden de prisión preventiva contra cuatro empresarios de Graña y Montero, JJ Camet e ICCGSA, socias de Odebrecht está totalmente justificada.
"No hay nada desproporcionado con esta medida, porque es un proceso de lavado de activos y es normal que se dicten medidas de prevención preventiva, en tanto existan elementos de convicción", dijo el exprocurador anticorrupción Christian Salas, que cita la agencia Andina.
Esta opinión es compartida por el abogado Luis Vargas Valdivia, quien indicó que el proceso de investigación fiscal preliminar durará entre 8 a 14 meses. "La procuraduría debe solicitar embargos y discutir la incorporación de las empresas como tercero civil responsables".
Los empresarios implicados
La medida dictada la madrugada de este lunes por el juez Richard Concepción Carhuancho, titular del primer Juzgado de Investigación Preparatoria, alcanza a Fernando Gonzalo Camet Piccone (Camet Contratistas), José Fernando Castillo Dibós (Ingenieros Civiles y Contratistas Generales), Hernando Alejandro Graña Acuña y José Alejandro Graña Miró Quesada (Graña y Montero). En el caso de Gonzalo Ferraro Rey (Graña y Montero) se dispuso arresto domiciliario en la clínica Angloamericana por encontrarse delicado de salud.
Se les atribuye los presuntos delitos de colusión y presunto lavado de activos, dado que, según la Fiscalía, habían tomado conocimiento de la presunta coima que habría pagado Odebrecht al expresidente Alejandro Toledo, por la carretera Interoceánica.
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