A tres años del terremoto ocurrido en Ica, la Defensoría del Pueblo realizó una supervisión en dicha región, constatando la demora en los trabajos de reconstrucción tanto de viviendas como de colegios, por lo que recomendó a las autoridades competentes adoptar las medidas necesarias para acelerar dicho proceso.              
  
La jefa de la Oficina Defensorial de Lima, Eliana Revollar, detalló que dicha visita fue realizada por los comisionados de la Defensoría del Pueblo en las provincias de Chincha, Pisco, Ica, así como en las provincias de Castrovirreyna y Huaytará ubicadas en la región Huancavelica.           
  
"Durante la supervisión realizada se pudo constatar que alrededor de 4200 familias que viven en asentamientos humanos de Pisco, se encuentran aún en condiciones precarias, con viviendas de esteras, techos de plástico,  carentes de servicios básicos de agua y desagüe", manifestó. 
  
Acotó que durante el recorrido se recogió el malestar de los pobladores de los asentamientos humanos Las Dunas de Villa y Alto el Molino (en Pisco), debido a que  tres años después del sismo aún se mantienen los problemas de saneamiento físico legal de los predios que ocupan, lo que impide que puedan realizar inversiones con los pocos recursos que cuentan. 
  
De otro lado, la funcionaria indicó que resulta alarmante la situación de la infraestructura de diversas Instituciones Educativas. De los 54 colegios visitados, 29 de éstos no tienen obras en ejecución. Además sólo 8 se encuentran priorizadas por el  Fondo de Reconstrucción del Sur (Forsur). 
  
"Por ejemplo, en la Institución Educativa (IE) "Ricardo Palma" del distrito de Tate, se continúa dictando clases, pese a que dos de sus pabellones fueron declarados inhabitables, debido a lo inadecuado de su infraestructura. Esta situación pone en peligro la integridad física e incluso la vida de los alumnos, ante un eventual sismo", anotó. 
  
Asimismo, expresó su preocupación por el estado en el que se encuentra la I.E Nº 22599, del Centro Poblado San Francisco en Sunampe, el cual atiende niños de educación inicial, en aulas declaradas como inhabitables, sin cerco perimétrico y que se encuentra al borde de un barranco. 
  
Además en el Colegio San Agustín en Pueblo Nuevo (Chincha), se vienen dictando las clases en carpas, aulas de estera, módulos con paredes deterioradas sin vidrios en las ventanas y carece de los servicios de agua y energía eléctrica. 
  
Por ello, el Primer Adjunto de la Defensoría del Pueblo, Eduardo Vega, recomendó al Ministro de Vivienda disponer que se  adopten las medidas necesarias para garantizar  el acceso a una vivienda adecuada a favor de los damnificados del sismo. 
  
Ante esta situación, Vega Luna en comunicación cursada al Ministro de Educación (Minedu), exhortó incluir dentro del proceso de reconstrucción a los colegios de la periferia de las zonas urbanas, así como mejorar la distribución de los recursos existentes y agilizar  el nivel de coordinaciones del Ministerio de Educación con los Directores de las Instituciones Educativas y la Oficina de Infraestructura Educativa (OINFE) del Minedu.