Defensoría del Pueblo: Existen personas que subcontratan personal para no reconocer derechos laborales

El jefe de la Oficina Defensorial de Ica, José Luis Hernández, explicó en RPP Noticias los requerimientos que hacen los trabajadores de empresas agroexportadoras, que iniciaron una protesta el día lunes.

De acuerdo a la Defensoría, “son tres sectores que están protestando”, sin embargo, en la mesa de diálogo iniciada esta tarde solo están representantes de dos sectores: El Álamo y el Barrio Chino. “Los manifestantes de la expansión urbana no se han puesto de acuerdo para elegir a sus representantes”, precisó

Asimismo, señaló que este es uno de los problemas que existe, pues hay un grupo que no tiene representante y no ha podido asistir a la reunión.

“Desde la Defensoría del Pueblo advertimos desde el inicio de estas manifestaciones que no existen cabeza visibles con quien se pueda mantener un diálogo o un nivel de representatividad. Son varios los que se arrogan el liderazgo dentro de los manifestantes”, sostuvo. 

Además, Hernández detalló cuáles son los reclamos de los manifestantes. “Esto surge por el propio cansancio de los mismos obreros que año tras año viven sufriendo y que consideran que el tipo de trato que brindan estas empresas agroexportadoras y su personal no es el más adecuado”, expresó.

Sin embargo, precisó que los protestantes han evitado informar cuáles son las empresas por las que se sienten maltratados. 

“Nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar con muchos de ellos, pero no hemos podido identificar de qué empresas agroexportadoras están hablando”, dijo.

De igual manera, manifestó que entre las quejas está que no hay una adecuada fiscalización de Sunafil. “Ellos señalan que cuando van los fiscalizadores de Sunafil, esconden a los trabajadores que no están en planilla. Las empresas son extensas en áreas así que es materialmente imposible que una o dos personas pueden recorrerlas”, sostuvo. 

Así también, Hernández explicó que en Ica hay una zona que se llama El Álamo, a donde llegan personas -contratadas por las empresas agroexportadoras- con buses que subcontratar a los trabajadores y les cobran un porcentaje por darles el empleo. De esta manera, las empresas evitan reconocer los derechos laborales de los obreros.

A ello se le suma que, cuando un empleado comete un error, “lo retiran del fundo sin ningún pago”. “Son varias situaciones que requieren un cambio”, indicó.