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Indecopi | Fuente: Andina

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), sancionó a 33 empresas, incluyendo a 26 de sus ejecutivos, por haber formado un cartel para repartirse diversas licitaciones convocadas por Provías del Ministerio de Transporte y Comunicaciones(MTC), y otras entidades del Estado, para la ejecución de obras en carreteras a nivel nacional.

Julián Palacín, presidente ejecutivo de Indecopi, precisó que la sanción se produce en primera instancia luego de una investigación de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia de su institución.

Las empresas sancionadas establecieron un mecanismo ilegal de reparto de 112 licitaciones convocadas por el MTC y Gobiernos Regionales desde el 2002 al 2016, como parte del denominado 'Cartel de la Construcción'. La suma de los montos adjudicados en las obras investigadas fue superior a los 14 000 millones de soles.

"33 empresas constructoras que se habrían coludido para repartirse 112 licitaciones que convocaba el Estado para la construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de carreteras", indicó Julian Palacín.

La Comisión de Defensa de la Libre Competencia de Indecopi resolvió sancionar a las empresas con multas que llegan a un total de 624 891,50 UIT, equivalentes a S/ 2 749 000 000. Los 26 ejecutivos involucrados en la infracción fueron multados con un total de 1 531,3 UIT, equivalente a más de S/ 6,7 millones.

Además, la Comisión ordenó que las empresas integrantes del cártel implementen “Programas de cumplimiento de las normas de libre competencia” por un periodo de cinco años, en base a las recomendaciones contenidas en la Guía de Programas de Cumplimiento de las normas de libre competencia (2020), con el objetivo de asegurar que cumplan estas normas al interior de ellas y disminuir los riesgos de reincidir en este tipo de infracciones.

La decisión emitida por la Comisión puede ser apelada ante la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi, última instancia administrativa que podrá confirmar, revocar o anular esta decisión.


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