Juicio a Keiko, Tía María, facultades delegadas y Junta Nacional de Justicia

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Hay días en que la historia parece acelerarse porque las personas y las instituciones se mueven y toman decisiones. Ha sido el caso indudablemente de ayer, primer día del mes de julio. Por los menos cuatro procesos iniciados van a tener una influencia duradera sobre nuestra vida pública, la política y la economía.

El primero es el inicio del juicio oral a Keiko Fujimori y a decenas de coimputados. La fecha había sido fijada con meses de anticipación y no hace sino concretar largos años de investigaciones fiscales y control de acusación. El fiscal José Domingo Pérez acusa a la lideresa de Fuerza Popular por lavado de activos y pide una condena de treinta años. La defensa trató de suspender la sesión invocando fallas procesales, pero los jueces sacaron adelante la sesión inicial de un proceso que puede prolongarse más allá de las elecciones generales del 2026.

El segundo es el lanzamiento de los trabajos preparatorios del proyecto minero Tía María. Se trata de una verdadera piedra de toque sobre la capacidad de las empresas mineras de convencer a las poblaciones afectadas y mejorar sus estrategias de relacionamiento.

El tercero fue la sesión extraordinaria del Pleno del Congreso convocada para responder a la solicitud de facultades delegadas presentada por el Ejecutivo. Algunas sobre reactivación económica y simplificación administrativa fueron concedidas. Otras no, lo que obligará al gobierno a presentar proyectos de ley sobre organismos supervisores y seguridad ciudadana.

Y cuando creíamos que el día había agotado su dosis de acontecimientos, el Poder Judicial ordenó la reincorporación inmediata de los dos miembros inhabilitados de la Junta Nacional de Justicia. Aldo Vásquez e Inés Tello podrán completar su mandato hasta principios de enero y el presidente saliente del Congreso, Alejandro Soto, tendrá ocasión de volver a fatigarnos con bravatas sobre el primer poder del Estado. 

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