Líder indígena Ángel Pedro Valerio: “Sufrimos presiones en nuestros territorios por el avance del narcotráfico y la tala ilegal”

Organizaciones indígenas denunciaron que, a pesar de las diferentes iniciativas establecidas por el Estado peruano en los últimos años, los defensores y defensoras ambientales continúan en situación de riesgo, debido a la ola de violencia diariamente por la defensa de sus territorios.

Según el Informe de Global Witness 2022, entre 2012 y 2021 se han registrado 51 asesinatos de defensores ambientales en el país. Ante este complicado panorama, las asociaciones de pueblos indígenas amazónicos pidieron la aprobación e implementación de normas que aseguren su protección efectiva y atiendan los problemas de fondo relacionados con la inseguridad jurídica sobre sus territorios.

Precisamente, para tratar esta problemática, este viernes 21 se desarrollará la Mesa de Trabajo Multisectorial, la cual estará a cargo de la Organización Indígena Central Asháninka del Río Ene (CARE), con apoyo de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR). En este evento, que se llevará a cabo desde las 9 de la mañana en la Sala Kuélap del Ministerio de Cultura, también participarán la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y diversas instituciones públicas involucradas en la protección de los defensores y defensoras ambientales.

"Vivimos un clima de inseguridad a diario"

En la cuenca del Ene, provincia de Satipo (región Junín), la presencia estatal es muy limitada y existe una labor pendiente por parte del Estado peruano. La organización indígena CARE, que representa a 19 comunidades nativas y 33 anexos en esta jurisdicción, requiere que se hagan efectivas las leyes establecidas para proteger a defensores y defensoras ambientales.

“De 171 personas en situación de riesgo, el 70 % somos personas indígenas. Quiero destacar que este no es solo un problema de Junín, sino a nivel nacional, porque nosotros sufrimos constantemente presiones en nuestros territorios por el avance de actividades ilícitas como el narcotráfico o la tala ilegal, lo que pone en peligro nuestras vidas y la de nuestros familiares”, dijo Ángel Pedro Valerio, presidente de la Central Asháninka del Río Ene (CARE).

A pesar de la violencia que sufren los pueblos amazónicos, hay avances institucionales logrados bajo el marco del Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, uno de ellos es el Mecanismo intersectorial para la protección de personas defensoras de derechos humanos, aprobado en abril del 2021.

Además, existe la iniciativa de la Defensoría del Pueblo que desde julio de 2020 cuenta con Lineamientos de Actuación que buscan fortalecer el acceso a la justicia y protección de las personas defensoras de derechos humanos, así como la del Ministerio Público que en abril de 2022 aprobó un Protocolo de Personas Defensoras.

“Vivimos un clima de inseguridad a diario, porque, pese a que contamos con títulos de propiedad, no están inscritas en los Registros Públicos debido a que no se encuentran georreferenciadas y, por este motivo, no podemos defender nuestros territorios. Por eso, solicitamos al Gobierno que implemente las leyes que protejan nuestras vidas y nuestras comunidades”, señaló Ángel Pedro Valerio.

Las organizaciones amazónicas y la Defensoría del Pueblo han denunciado que las comunidades indígenas no tienen verdadero acceso a la justicia ambiental, porque, a pesar de hacer las denuncias respectivas, no se sancionan a las personas u organizaciones criminales responsables.