Más de 90 soles de multa por llamadas malintencionadas

Será sancionada toda persona que, a sabiendas, efectúe o permita que desde cualquier teléfono bajo su control se realicen llamadas malintencionada a las centrales de urgencias de la Policía Nacional o del Cuerpo General de Bomberos u otra institución administradora de servicios especiales básicos.

Es decir, las falsas alertas de, por ejemplo, existencia de fuego, bomba explosiva, delito, auxilio médico, violencia familiar, o el hacer más de una llamada para no contestar, ameritarán una multa de 91.25 nuevos soles o la suspensión del servicio telefónico.

Así lo establece la Ley 29924, aprobada por el Congreso de la República y publicada hoy en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Según esta norma, se sancionará con la referida multa –equivalente al 2.5% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

El tiempo de la suspensión del servicio telefónico a los infractores se especificará en el reglamento de esta ley, y en la evaluación del procedimiento sancionador correspondiente.

Estas sanciones se aplican sin perjuicio de la reparación de los daños que ocasione y de la responsabilidad penal o civil que corresponda.

El dispositivo precisa que cuando la llamada se realiza desde un teléfono que pertenece a una persona jurídica, esta es responsable del pago de la multa. Si la llamada es realizada por un menor de edad, sus padres o representantes legales son los responsables.

Aclara también que el infractor asume los costos administrativos que genera la imposición de la sanción respectiva.

El monto que se recaude por las multas impuestas en aplicación de esta ley se distribuirá en partes iguales entre la PNP y el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, debiendo ser destinado a la mejora de los servicios de emergencias y urgencias.

El monto que se recaude por las multas impuestas relativas a llamadas malintencionadas efectuadas a otros servicios especiales básicos será destinado al Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (Fitel).

En las disposiciones complementarias finales se menciona que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) implementará y ejecutará de forma gradual el sistema de comunicación integrado mediante un número único de emergencias y urgencias a nivel nacional, en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública.