Muerte en la Amazonía: 20 líderes indígenas fueron asesinados durante los dos últimos años

Desde el 2020, año en que empezó la pandemia de la COVID-19, en el Perú, 20 líderes indígenas y defensores de la Amazonía han sido asesinados por criminales vinculados con el narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal y el tráfico de tierras, según datos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

Mar Pérez Aguilera, responsable de la Unidad de Protección a Defensores de esta institución, consideró que desde el Estado no hay la voluntad política para proteger a los defensores medioambientales, porque las medidas de protección solo quedan en el papel y ni siquiera hay un sol para ejecutar las acciones de resguardo. Además, se ha desactivado, desde el año pasado, la Mesa de Personas Defensoras del Ministerio de Justicia.

“En la práctica no hay una voluntad real de proteger a los defensores y eso lo vemos claramente a nivel de presupuesto, el Ministerio de Justicia para el tema de protección a defensores, en el 2022, cuenta únicamente con un presupuesto de 40 mil soles, de los cuales esos 40 mil soles son íntegramente para consultorías y viajes, no hay ni un sol para medidas de protección. Cuando hay que sacar a un líder de una zona de riesgo lo asume la cooperación internacional, las organizaciones”, indicó.

Según el Censo Nacional del 2017, casi seis millones de personas se autoidentifican como parte de los 55 pueblos indígenas existentes en el Perú. Territorialmente, la mayor parte de la población indígena amazónica se ubica en zonas rurales.

Comunicades nativas protegen la Amazonía

Los líderes indígenas, quienes son habitantes de las comunidades nativas, cumplen un rol importante en defensa de la Amazonía sin recibir un salario. Ellos son elegidos por sus pobladores y desempeñan actividades económicas como la agricultura, pesca y la tala que les permita sostener a su comunidad y a sus familias, pero son amenazados, discriminados y hasta denunciados por defender su territorio, según señaló Julio Cusurichi, presidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y afluentes.

"Muchos líderes, muchos dirigentes estamos siendo denunciados, judicializados, incluso hasta muertos por el hecho de defender sus territorios por la actividad maderera, actividad minera y eso es sumamente preocupante, que este Gobierno y los que han pasado no están considerando como acción pronta o rápida. Los líderes no necesitamos cargo para apoyar a la gestión de una comunidad, para ver un tema colectivo, para ver un tema de solidaridad en la comunidad", explicó.

Comunidades indígenas sin títulos de propiedad

Las comunidades nativas padecen de una mayor afectación de sus derechos y una débil prestación de servicios públicos esenciales en sus territorios, como la titulación de tierras, la salud y la educación, afirmó Nelly Aedo, jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo.

“La titulación es un gran pendiente y se tiene que cerrar esas brechas. Son, aproximadamente, mil setecientas comunidades, entre campesinas y nativas, que están pendientes de titulación. Otro tema urgente es actualizar la política de educación intercultural bilingüe. En el Perú, tenemos más de un millón de estudiantes, niños, niñas, adolescentes, que deben acceder a la educación bilingüe, hace falta contar con un mayor número de maestros idóneos para que ellos tengan una educación de calidad”.

La funcionaria también dijo que la situación de los pueblos indígenas es preocupante, ya que la falta de presencia del Estado y de acceso a la justicia son alicientes para que las actividades ilegales sigan avanzando y los crímenes sigan en la impunidad, es por eso que los dirigentes nativos, la Defensoría del Pueblo y la Coordinadora de Derechos Humanos claman a una sola voz que el Congreso de la República ratifique el acuerdo internacional Escazú para proteger la Amazonía y la vida de los defensores de los bosques.

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La legisladora dijo que hubo intereses económicos detrás del proyecto aprobado por insistencia en el pleno del Parlamento. En cambio, el legislador Alex Paredes, del oficialista Bloque Magisterial, justificó el respaldo de su grupo a la insistencia del proyecto pese a que el Gobierno observó la ley.