Paro de transportes y leyes sobre criminalidad

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Nadie debería minimizar el impacto producido por el asesinato de choferes que se negaban a pagar cupos. Han pagado con sus vidas el derecho a vivir de su trabajo y el rechazo a la violencia de parásitos que buscan enriquecerse a base del esfuerzo hecho por otros. 

La extorsión y el sicariato se han convertido en prácticas complementarias y repugnantes cada vez más extendidas en Lima, después de haberse implantado en Trujillo y otras ciudades de la costa norte. Por eso es comprensible que algunos gremios de transportistas hayan organizado un paro que ha puesto en evidencia la gravedad de lo que están viviendo muchas empresas formales de transportes. 

Respecto de las empresas informales, lo que sabemos es que han intentado aprovechar el paro para imponer su agenda contra la formalidad: la autorización de nuevas rutas para taxis colectivos y la amnistía de multas por delitos de tránsito. 

Las empresas formales de transporte pagan una licencia, contribuyen con sus impuestos y se esfuerzan en mejorar la calidad de sus buses y la formación de sus chóferes. Por eso les resulta indignante que el Estado no se comprometa de una manera franca y eficaz con el ejercicio de un oficio sin el cual nuestras grandes ciudades quedarían privadas de su personal y de su productividad. 

Por eso no llama la atención uno de los reclamos formulados por los transportistas formales: que se deroguen leyes recientes que, según los dirigentes del paro, favorecen a los criminales. Se trata de la ley que reduce los alcances de la figura penal del crimen organizado, al mismo tiempo que introduce dificultades para llevar a cabo allanamientos capaces de sorprender a los allanados. 

El Gobierno haría muy mal en satanizar el paro y criminalizar la protesta, en vez de tomar en cuenta los reclamos de quienes han visto morir a sus compañeros, carentes de apoyo del Estado y sus autoridades. 

Las cosas como son