Policía Nacional del Perú: un análisis a la situación de la institución

El pasado 26 de abril, a inicios de la pandemia de la COVID-19, el Ministerio del Interior (Mininter) dispuso abrir un proceso administrativo disciplinario y separar del cargo a todos los involucrados en las denuncias sobre presuntos actos de corrupción en compras efectuadas por la Policía Nacional para atender la emergencia.

La cartera señaló que esto se daba sin perjuicio de las acciones que adopten el Ministerio Público y la Contraloría, entidades que contarían con la total colaboración del sector para determinar plenamente las responsabilidades y las sanciones que correspondan en todos los casos.

El Mininter refirió que decidió centralizar las adquisiciones con el fin de realizar compras corporativas con mejor precio y calidad y evitar de esta manera una diseminación que pueda dar espacio a procesos dudosos.

Las acusaciones de corrupción se sumaron a las muertes de Jack Bryan Pintado e Inti Sotelo, ocurridas el pasado 14 de noviembre durante las manifestaciones ciudadanas tras la vacancia del expresidente Martín Vizcarra y la investidura de Manuel Merino de Lama como presidente. Casi un mes después de sus muertes, aún no se han determinado responsabilidades.

La violenta represión realizada de la Policía también dejó decenas de heridos.

Tras la renuncia de Manuel Merino, quien fue presidente por solo cinco días, el exparlamentario del Partido Morado, Francisco Sagasti, asumió la presidencia de la República, luego de la votación correspondiente en el Parlamento.

Una de las primeras medidas de su Gobierno estuvo dirigida precisamente a la Policía Nacional del Perú. El Ejecutivo tomó la decisión de retirar a los altos mandos de la Policía Nacional del Perú, una medida que fue criticada por muchos y celebrada por otros. Nicolás Zevallos, criminólogo y exjefe del gabinete del ahora exministro del Interior Rubén Vargas, opina que esta medida es legal, además de ser una atribución presidencial “comprendida en la Constitución y en las normas policiales”. 

“Cuando se tomó la decisión era necesario refrescar el comando policial debido a las tensiones del contexto: serias acusaciones de corrupción y una fuerte crítica por cómo actuaron en las manifestaciones. Es muy difícil soportar ser una institución tan importante en unas condiciones así de críticas, por eso es que la medida no debería verse como un castigo, sino como un gesto político totalmente legítimo y legal para seguir avanzando”, explicó a RPP Noticias.

Tras la renuncia de Rubén Vargas (ministro cuando se tomaron las decisiones) asumió la cartera Cluber Fernando Aliaga -quien cuestionó la decisión de su antecesor sobre el pase a retiro de los 18  generales- solo duró cinco días en el cargo. José Elice es el nuevo titular de la cartera del Interior. 

Sin embargo, José Luis Gil, exdirector general de Inteligencia del Ministerio del Interior y exmiembro del GEIN, experto en inteligencia y seguridad ciudadana, está en contra de esta medida. “La seguridad ciudadana no va a cambiar por sacar 18 generales”, dice.

Incluso si está en debate la legalidad de la decisión del presidente, es necesario que exista un diálogo permanente entre el Ejecutivo y la Policía Nacional del Perú, afirma el docente e investigador en temas de seguridad ciudadana Eloim Monard.

“La Policía del Perú está encapsulada, negándose a una conversación y, al parecer, por parte del Gobierno no se han dado las formas más adecuadas, en especial si consideramos que el comandante general saliente no participó de nada del proceso político porque estaba, entre comillas, con COVID-19. Entonces, no se vio involucrado en las acciones represivas del 14 de noviembre y los días anteriores. Esto fue mal visto y va a necesitar, para solucionarse, tender puentes y dialogar con la Policía, una Policía que tiene que aceptar una renovación”, dijo en declaraciones a RPP Noticias.

El Ministerio del Interior  debe realizar una investigación transparente sobre los abusos cometidos en las protestas ciudadanas contra el Gobierno de Manuel Merino, así como en los actos de corrupción cometidos por oficiales y suboficiales de la institución. 

“Se están siguiendo estas investigaciones en el Ministerio del Interior para conocer las responsabilidades administrativas y en el Ministerio Público para determinar las responsabilidades penales. No son procesos ni cortos ni fáciles, pero lamentablemente la ciudadanía desconfía y quiere justicia pronta y firme”, explica José Luis Gil.

La salida de los altos mandos policiales puede ser cuestionada para algunas personas. No obstante, esta medida podría no ser suficiente para un cambio sustantivo y beneficioso para la institución y la ciudadanía, tal como indica Zevallos.

“Sin duda, una medida así no es suficiente para un cambio sustantivo; es tan solo un punto de partida, por eso hay que estar muy atento a la comisión de bases que propuso el presidente para la modernización y fortalecimiento de la PNP. Se supone que en 60 días desde que fue anunciada debería dar resultados, pero por los últimos cambios no queda clara la continuidad de esa comisión ni qué avances tiene”, dice.

REFORMA POLICIAL: ¿SI O NO?

¿Puede un Gobierno de transición como el de Francisco Sagasti llevar a cabo en menos de 10 meses una reforma profunda de la Policía Nacional del Perú? Todo indica que no, sin embargo, el mandatario ha hablado únicamente de un proceso de modernización y fortalecimiento de la institución.

“Esto no se debe solo al breve tiempo que tiene el Gobierno de transición para materializar los cambios de fondo, también responde a que muchas de las acciones necesarias no pasan por una transformación estructural, sino por medidas concretas. Muchas de estas medidas ya se conocen: mejorar los sistemas administrativos; definir con claridad las competencias de las unidades; mejorar la formación policial; definir la línea de carrera de especialización; mejorar el trato con la ciudadanía; protocolos de actuación; uso de tecnologías, etc”, explica Nicolás Zevallos.

En su opinión, no se está en la necesidad de repensar todo el sentido de la institución policial, pero sí de aplicar ajustes en los puntos claves que fallan actualmente, para que la PNP pueda actuar de manera efectiva y eficiente en sus funciones.

“La ventaja de pensar en un proceso de fortalecimiento y modernización y no una reforma es que podríamos proyectar un plazo más breve con resultados inmediatos”, agrega el especialista y propone la incorporación de SERVIR a los sistemas administrativos y la supervisión de la Contraloría en las compras y adquisiciones de la institución.

Por su parte, José Luis Gil cree que es urgente luchar en contra de los actos de corrupción que todavía persisten dentro de la institución, sin embargo, resalta que un sector de la política “alienta y sobredimensiona las fallas en la Policía”, capitalizando el rechazo ciudadano a la institución.

Además de los problemas ya mencionados, Gil considera que la falta de liderazgo y de una estrategia adaptada a la actualidad le juegan en contra a la Policía Nacional del Perú, sin embargo, afirma que son aspectos en los que se viene trabajando. Los resultados, aclara, tomarán tiempo en percibirse.

“Los cambios que se realicen no pasan por sacar generales, sino por comunicar mejor los logros en la lucha contra la criminalidad en su conjunto, reorientar los liderazgos en la institución policial y cambiar la estrategia operativa centrada en la lucha total contra el crimen menor, que es el más pernicioso. Hay que lograr un cambio de actitud en el personal, y eso se logra con una adecuada formación y una estrategia de bienestar que aliente a los policías a hacer mejor su trabajo”, explica.

¿CUÁNTO PODRÍA DURAR?

Los especialistas concuerdan en que una reforma policial duraría años, por lo que se inclinan por la posibilidad de hacer ajustes que no requieran grandes transformaciones. Para Eloim Monard se debe poner especial énfasis en el mejoramiento de la formación y la digitalización de la PNP, así como de sus estrategias operativas de patrullaje.

Sin embargo, no todo pasa por pequeños cambios.

“En mi opinión, este Gobierno no puede de ninguna manera iniciar una reforma, porque no se asegura la continuidad y no tiene la continuidad suficiente para hacerlo, al no haber sido popularmente y lo que debe hacer es mover algunas tuercas en materia de formación, digitalización, en materia de barrio seguro, etc, que permita sentar las bases, dejar el suelo aplanado para una verdadera reforma a largo plazo que debería venir después”, sugiere.

Es por eso, aclara el especialista, que es vital tender puentes entre la Policía, la ciudadanía y el Gobierno, de modo que se pueda aprovechar la oportunidad “histórica” que existe de renovar la Policía del Perú.

“Es en ese sentido que nunca antes yo había visto, en la historia reciente, tanta atención de la opinión pública por la Policía, y creo que eso es algo que debemos aprovechar para bien en vez de desperdiciar esta oportunidad”, finaliza.

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