La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental pide cuatro años de cárcel suspendida, la inhabilitación para ejercicio de cargo público por siete años y el pago de un millón de soles como reparación civil; por la aprobación irregular del Plan de Desarrollo Metropólitano (PDM) que permitió depredar la campiña en Arequipa.
El juez del Segundo Juzgado Unipersonal Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Juan Pablo Heredia Ponce, inició el juicio oral contra el ex alcalde provincial, Alfredo Zegarra Tejada, 9 regidores y 3 funcionarios acusados del delito de responsabilidad de funcionario público por otorgamiento ilegal de derecho al haber aprobado el Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM), en el 2016.
En la primera audiencia, el Ministerio Púbico, oralizó la acusación y pidió una sanción de cuatro años de cárcel suspendida para todos los implicados en este caso, la inhabilitación para el ejercicio público por el período de 7 años y el pago de una reparación civil de 1 millón de soles.
Adicionalmente, la fiscalía pidió que las áreas afectadas sean restablecidas a la situación anterior y, en un plazo de 20 días, se revise el Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM).
La Fiscal Especializada en Medio Ambiente, Carolina Zúñiga, aseguró que probará en el juicio oral que el exalcalde provincial, regidores y funcionarios permitieron la utilización indebida de tierras agrícolas y alteraron el paisaje natural de la ciudad, inobservando el ordenamiento territorial y normas vigentes en zonas como el puente San Isidro (Sachaca-Cercado), Carmen Alto (Cayma) y Avenida Fernandini (Sachaca).
Los procesados son: el exalcalde Alfredo Zegarra Tejada; los regidores, Lilia Pauca Vela, Pedro Quispe Cornejo, Mario Melo Villalba, Miguel Angel Mendoza García, Willy Jano Huallpa, Otilia Paredes Villamil, Fernando Figueroa Calachahui, Daniel Muñoz Lazo y Ricardo Medina Minaya. Como cómplices primarios, los responsables del IMPLAN: Francisco Ampuero Bejarano y Luis Alemán Abad.
VERSIONES
El exalcalde Alfredo Zegarra, dijo que el concejo municipal no dio autorización para la depredación de la campiña. Afirmó que el Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) fue aprobado para los próximos 25 años y es de cumplimiento para todos sin excepción, no para un grupo.
“Creo que aquí hay algo raro, no hay nada, no se dio ninguna autorización, aquí hay mucho desconocimiento y la Ley Orgánica de Municipalidades faculta a las autoridades la administración local, el PDM fue hecho por los técnicos (el colegio de arquitectos mediante convenio) y no por regidores”, afirmó.
Por su parte, la fiscal Especializada en Materia Ambiental (FEMA), Carolina Cáceres, dijo que el exalcalde debe entender que la investigación no es un tema personal contra él.
Agregó que el PDM es un instrumento de gestión ambiental que se utiliza para ordenar el territorio, y se ha elaborado sin sustento técnico, incorporando zonas con aptitud agrícola, de reserva paisajista, protegidos por normas y leyes del año 1972 por instituciones como la dirección de Cultura, Ministerio de Cultura (caso de Carmen Alto).
La norma dice que las zonas con aptitud agrícola, son escasas y mininas y deben ser preservadas, no pueden ser incorporadas sin estudios y evaluaciones técnicas. Además deben contar con la participación concertada con entidades como municipalidades, sociedad civil, ANA, y la Gerencia del Centro Histórico.
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