Sunedu: Propuesta del Congreso "atenta contra todo lo avanzando en la Reforma Universitaria"

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) rechazó el predictamen de la Comisión de Educación del Congreso que propone, entre otras medidas, la creación de una instancia superior que revise las decisiones de dicho organismo sobre los licenciamientos denegados.

Mediante un comunicado, Sunedu consideró que esta propuesta "atentaría contra todo lo avanzado por la Reforma Universitaria".

El organismo indica que el predictamen propone una moratoria para la creación y funcionamiento de filiales de universidades licenciadas, y reduce la prohibición para la creación y autorización de universidades públicas y privadas.

Esta iniciativa "impedirá que se exija a las universidades con licencia denegada el cumplimiento de sus obligaciones de cese como requisito para presentarse a un nuevo licenciamiento". Exigencia que está contemplada por el Tribunal Constitucional.

Vulnera acceso a la calidad

El proyecto, lamenta Sunedu, "propone mantener a las universidades denegadas operando indefinidamente". Es decir, en lugar de promover el acceso a la oferta educativa que cumplió con las condiciones básicas de calidad, "se resguarda la oferta carente de calidad".

También rechazan que las universidades con licencia denegada reciban asesoría del Ministerio de Educación para volver a presentarse al licenciamiento.

De esta forma, "se trasladaría al Estado la responsabilidad y el gasto que dichas universidades requieran para cumplir las condiciones básicas de calidad, en vez de que sean los mismos dueños y promotores quienes efectúen esa inversión".

Autonomía técnica

La propuesta, afirman, contiene disposiciones para recortar la autonomía técnica de la Sunedu, permitiendo la revisión de sus decisiones a través de un 'Consejo Nacional de Asuntos Universitarios', bajo una conformación política, no técnica.

Los miembros de este consejo serían elegidos por las autoridades de las universidades, lo que para Sunedu representa un evidente conflicto de interés, "vulnerando la autonomía que debe regir en todo organismo técnico".

Además, la participación de un representante de la Comisión de Educación "permitiría que el Congreso tenga decisión sobre los licenciamientos".