Dirigentes del Sindicato de Trabajadores Penitenciarios dieron a conocer la problemática de los trabajadores en los penales del país. Asimismo, cuestionaron la gestión actual dentro del Consejo Nacional Penitenciario y denunciaron actos de corrupción.
Trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) acatan una huelga nacional indefinida desde las 00:00 de este 14 de junio, a fin de que el Gobierno atienda sus reclamos en materia de remuneraciones y mejoras laborales.
En declaraciones a La Rotativa del Aire-edición noche de RPP Noticias, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Penitenciarios, Julio César Burga Barrera, señaló que dentro del pliego de reclamos buscan la incorporación de los trabajadores CAS y del régimen 276 a la carrera pública penitenciaria.
Explicó que en 2022 lograron que se apruebe una ley para lograr esta incorporación; sin embargo, sostienen que el actual presidente del Consejo Nacional Penitenciario, Llaque Moya, no ha cumplido con la ejecución de la norma.
“Lamentablemente la ley fue aprobada el 30 de diciembre o publicada en El Peruano y hasta la fecha esa ley no tiene un presupuesto para poder iniciar el proceso de incorporación. La misma ley hace también referencia de que la incorporación es semestralmente, estamos en el sexto mes del año y la verdad las autoridades del Consejo Nacional Penitenciario, encabezado por el señor Llaque Moya, no se ve reflejado”, dijo.
Denuncian irregularidades
Sostuvo también que otra de las problemáticas que enfrentan los trabajadores del INPE es la falta de un presupuesto para su alimentación. Según explicó, actualmente las autoridades de esta institución cogen parte del dinero destinado para los alimentos de los reclusos y lo derivan para la comida de los trabajadores.
“Desgraciadamente los altos funcionarios de la sede central de los internos están sacando un presupuesto para darnos a nosotros y eso es malversación de fondos. Por supuesto, me reafirmo en esa información lo tengo en mano eso y le he dicho al presidente del INPE que eso lo voy a denunciar ante el Ministerio Público”, manifestó.
En esa línea también se pronunció el secretario de defensa, John Melgar Lazo, quien cuestionó la gestión de Moya y aseguró que coloca a los directores regionales de los penales y otro personal de confianza que estarían vinculados a actos de corrupción.
“El presidente del INPE es designado, cargo de confianza, que vuelve a ser el señor Llaque Moya. Ha tenido una gestión anterior que ha participado en la liberación de un interno que estaba sentenciado a 25 años y le han dado libertad (…) ahora le dan nuevamente la confianza de ser presidente, desconociendo toda la problemática penitenciaria”, indicó.
“La verdad el señor designa directores regionales, pone de su entera confianza y ellos designan directores de penales, pero lamentablemente hay muchos que están cometiendo actos de corrupción, no quiero generaliza”, agregó.
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