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La Comisión Permanente del Congreso dio ayer un plazo de quince días a la Subcomision de Acusaciones constitucionales para que se pronuncie sobre las denuncias presentadas contra el ex presidente Martín Vizcarra y dos ex ministras. La decisión fue aprobada por unanimindad. El mandato es investigar si se ajustan a derecho los cargos asociados al aprovechamiento indebido de la por entonces eventual vacuna de Sinopharm: colusión agravada, peculado doloso, cohecho pasivo propio, negociación incompatible, tráfico de influencias y organización criminal. Vizcarra podría ser inhabilitado para ejercer cualquier función pública y ser privado de sus fueros para que responda ante la Justicia ordinaria. Falta saber en qué plazos culminaría el proceso de inhabilitación, en particular si el tiempo alcanzará para una eventual inhabilitación antes de que Vizcarra, de ser elegido congresista, reciba sus credenciales del Jurado Nacional de Elecciones.

Sin embargo, en la misma sesión, la Comisión Permanente otorgó una nueva prolongación de plazo al excontralor y actual congresista Edgar Alarcón, quien no asistió a la convocatoria aduciendo que el correo le había sido enviado a una dirección incorrecta. La Comision debe pronunciarse sobre la denuncia por enriquecimieno ilícito agravado presentada por la Fiscal de la Nación. La larga demora para resolver el caso Alarcón introduce sombras sobre la imparcialidad de los procedimientos sancionatorios del Congreso.

Debemos aspirar a que los políticos, por elevados que sean los cargos que hayan ejercido, sean juzgados con la misma severidad y la misma objetividad que el resto de los ciudadanos. La condena del ex presidente francés Nicolas Sarkozy es un buen ejemplo de una justicia que nadie puede presumir sometida a sesgos políticos. Sarkozy ha sido condenado a un año de prisión efectiva, junto a su abogado y a un juez supremo, por corrupción y tráfico de influencia. Aunque la sentencia será apelada ante la Corte de Casación, se trata desde ya de la primera vez que la Justicia francesa condena por cargos tan graves a un expresidente. Si exceptuamos, claro, el caso del Mariscal Pétain, condenado a muerte en 1945 por traición a la Patria en tiempo de guerra.

El economista Elmer Cuba sostiene en Gestión que el Fisco podría cobrar “más de 12,000 millones de soles de deudas tributarias”. Cuba explica que para que eso sea posible hace falta que el Congreso vote una ley que deje sin efecto los intereses excesivos de la deuda antigua. El también director del Banco Central propone que el Estado cree mecanismos de solución de conflictos tributarios, que eviten procedimientos lentos, costosos y engorrosos. En víspera de presentar un estudio encargado por la Cámara de Comercio de Lima, Cuba calcula que la deuda tributaria en disputa equivale a un año de recaudación. Si se cobrara, el deficit fiscal bajaría en 1.55% de nuestro PBI.

El politólogo Carlos Meléndez da en El Comercio una explicación de la buena salud electoral de Acción Popular, en contraste con lo que sucede al APRA y al PPC: “Acción Popular ha sabido vivir de los cuadros políticos en las regiones y las alcaldías. Paradójicamente, le vino bien no tener un líder nacional indiscutible, como el PPC de Lourdes Flores o el APRA de Alan García. Porque tener un líder así hace que la organización se centralice, se limeñice”. Meléndez sostiene que la hiperfragmentación de las candidaturas lleva a la radicalización de las posiciones. Candidatos como López Aliaga o Keiko Fujimori buscan, según Meléndez, un pequeño nicho que les permita pasar a la segunda vuelta sin aspirar a elaborar un discurso que represente a más del veinte por ciento del electorado.

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