La Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa decidirá si ratifica la sentencia que podría destituir del cargo al gobernador regional por incumplir sus funciones y no aplicar protocolos de salud ante la pandemia de la COVID-19.
El gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, podría dejar dejar el cargo en cualquier momento no solo por la detención preliminar que pesa sobre él por el caso “Los hijos del cóndor”, sino también, porque el Poder Judicial podría ratificar la sentencia en su contra por una ineficiente labor en la lucha contra la pandemia de la COVID-19.
Esa decisión está en manos de los jueces Francisco Carreón Romero, Eloy Zamalloa Campero y Rocío Aquize Cáceres, de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.
Los magistrados escucharon los alegatos de las partes el último 6 de octubre e indicaron que emitirían sentencia en el plazo de ley establecido en el Código Procesal Constitucional: quince días hábiles. Es decir, antes de noviembre.
Elmer Cáceres Llica: primera sentencia
Para entender el caso, nos tenemos que remontar al 23 de noviembre del 2020. Aquel día, el juez Civil de la Corte de Justicia de Arequipa, Luis Madariaga Condori, dispuso la destitución del presidente del Gobierno Regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, conforme al artículo 22 del Código Procesal Constitucional, porque "no cumplió" con su función para combatir la pandemia del nuevo coronavirus.
Ese día, el magistrado declaró fundada la demanda de acción de amparo, interpuesta por el ciudadano Pool Alarcón Barrionuevo, en contra de autoridades regionales y nacionales por no haber implementado debidamente el “Protocolo de prevención, diagnóstico y tratamiento de personas afectadas con el COVID-19”, lo cual vulneró el derecho a la salud de la población.
La sentencia sostiene que el gobernador Elmer Cáceres Llica "tiene responsabilidad" plena para implementar, capacitar, conducir, supervisar y monitorear las disposiciones del “Protocolo de prevención, diagnóstico y tratamiento de personas afectadas con el COVID-19”, aprobado mediante resolución ministerial N° 193-2020-MINSA y, al no hacerlo, debía dejar el cargo.
Entre las "evidencias" presentadas figuran la insuficiente cantidad de pruebas para detectar la COVID-19; el fallecimiento de personal de salud que laboraba en diferentes hospitales de la región, quienes junto a sus compañeros formularon reiterados reclamos sobre la falta de implementación; y la distribución de equipos de protección contra el nuevo coronavirus.
Sin embargo, el juez Luis Madariaga Condori indicó que, para que la sentencia se cumpla, primero debe ser consentida. La defensa de Cáceres Llica a cargo de la entonces procuradora regional, Rosa Vallejos Beltrán, (Detenida este año por presuntos actos de corrupción) presentó dentro de los tres días de plazo la apelación por lo que el caso pasó a segunda instancia.
El argumento fue que la responsabilidad de los hechos que se acusan corresponde al Ministerio de Salud y no a la gestión regional. También indicaba que solo el Jurado Nacional de Elecciones puede designar o destituir en cargos de elección popular.
Debido a la carga procesal la sentencia en primera instancia continúa en revisión de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, la cual debe emitir su fallo en los próximos días.
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