Los gobiernos locales deben ser sensibilizados para evitarse actos de corrupción, sostuvo el presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.
La aprobada ley muerte civil para los funcionarios corruptos debe aún evaluarse para que no sea declarada inconstitucional; así lo opinó el presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Johnny Cáceres.
El magistrado sostuvo que la ley debe ser consultada a organismos internacionales; además que debe sensibilizar a los gobiernos locales, sobre todo a los más alejados, al ser en estos donde se registra mayores casos de corrupción por peculado.
“Es firme y drástica, pero debe evaluarse y analizarse una vez más”, reafirmó el presidente de la Corte Superior de Justicia.
La ley fue aprobada esta tarde por el Poder Ejecutivo, que determinó además, modificar el Código Penal para ampliar la pena de inhabilitación e incorporar la inhabilitación definitiva para los delitos de corrupción de funcionarios públicos.
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