Gestión de Yamila Osorio exhorta a la Contraloría a actuar con neutralidad

Esta vez no hubo una conferencia de prensa para esclarecer los cuestionamientos. La gestión de la gobernadora regional Yamila Osorio, decidió responder con un comunicado al hallazgo de presuntas irregularidades en la obra del Tramo III de la Variante de Uchumayo, realizado por la Contraloría General de la República.

En el primer punto, relacionado a la mala elaboración de los expedientes técnicos, se culpa a la anterior gestión del ex presidente regional Juan Manuel Guillén (de la cual Osorio fue consejera regional).

“El expediente técnico del proyecto vial en cuestión así como la Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA) se heredó de la anterior gestión por lo que el actual Gobierno se vio imposibilitado de realizar uno nuevo”, dice el comunicado.

Luego argumenta que se contrató al Organismo Internacional para las Migraciones (OIM) para la licitación del proyecto porque buscaban agilizar los plazos.

En tanto, sobre el cuello de botella que se dejó al no ampliar el puente Arrayanes, indican que no se hizo porque la Municipalidad Provincial tenía previsto hacer otra obra vial y temían que a futuro se tenga que demoler parte de la obra.

En relación al adelanto de S/ 40 millones a la empresa ICCGSA (ocho meses antes de que empiecen los trabajos), indican que si no lo habrían hecho, los recursos se habrían revertido los al tesoro público.

MÁS RESPUESTAS

En cuanto a la demora en la adquisición de los terrenos, señalan que fue culpa del Ministerio de Economía porque no transfirió el presupuesto a tiempo.

Sobre el uso de pavimento de concreto hidráulico sin agregar la fibra de polipropileno que observó la Contraloría, refieren que procederán a corregir y a descontar los recursos a la empresa contratista ICCGSA, considerando que aún no se ha liquidado la obra.

“Además se tomarán las acciones correspondientes con la empresa supervisora especializada que se contrató y no cumplió con verificar esta deficiencia, por ser de su entera responsabilidad establecida en el contrato”, anota el comunicado.

Agregan que el Gobierno Regional respondió de manera técnica y legal a cada una de las observaciones de la Contraloría, y lamentan que no hayan sido acogidas.

“Cada uno de los funcionarios deslindará sus responsabilidades en el proceso administrativo sancionador que ha dispuesto iniciar el órgano de control”, apuntan.

El comunicado concluye con un cuestionamiento a la transparencia y neutralidad de la Contraloría: “El Gobierno Regional de Arequipa exhorta a la Contraloría General de la República a no ceder a presiones políticas y actuar con absoluta neutralidad. Las últimas publicaciones de estos informes por parte de políticos y no de la misma entidad hacen percibir que se está perdiendo la neutralidad”, se lee.