Asamblea Popular conformada por autoridades y representantes de la organizaciones civiles y populares aprobaron medida de lucha para el 21 y 22 de octubre.
Con el lema “Unidos en Defensa de Nuestro Patrimonio”, las organizaciones sociales y gremiales del Cusco, aprobaron en el marco de una Asamblea Popular, un paro de 48 horas, con el fin de exigir al Ejecutivo, la derogatoria del Decreto Legislativo 1198, que autoriza al Ministerio de Cultura, entregar mediante convenios, la administración de sitios arqueológicos al sector privado.
La medida de lucha se desarrollará el 21 y 22 de octubre, de manera preventiva, según refirió el secretario general de la Federación de Trabajadores del Cusco, Wilfredo Alvarez, si el Ejecutivo no deroga la norma.
La Asamblea Popular fue convocada por el alcalde de la municipalidad provincial, Carlos Moscoso Perea, con el fin de evaluar las implicancias que traerá este decreto legistiva, según la opinión de algunos sectores, de implementarse, el turismo social irá desapareciendo gradualmente.
“No hay empresa privada que al invertir en un sitio arqueológico, no tenga el interés de generar niveles de rentabilidad”, dijeron, “de ser así, los costos de ingreso a los monumentos se incrementarán y los servicios, tanto a nivel de restaurantes, hospedajes, y centros artesanales, serán monopolizados, por consiguiente los empresarios cusqueños serán afectados. Actualmente los cusqueños observamos, cómo los paquetes son vendidos y controlados por los grandes empresas desde Lima, con este concesión, el manejo será mayor”, dijeron.
En otro momento, los participante señalaron, que si bien es cierto, que se entregarán por 10 años, en concesión diversos sitios arqueológicos, lo que no precisa el Ministerio de Cultura, es si “estos serán renovables”, es decir si serían ampliados.
“En Cusco, tenemos experiencias negativas sobre éste tipo de concesiones, se firma un contrato, y con el paso de los años, entre gallos y medianoche se hacen modificaciones, mediante adendas y sin conocimiento del pueblo, por lo que éstos documentos, muchas veces ya no son garantías para los peruanos", remarcaron..
Más adelante, otros sectores señalaron:, que si bien es cierto que ahora se pregona que lo sitios arqueológicos están abandonados y huaqueados por extraños, tras la concesión, se preguntaron ¿quienes garantizan que durante las intervenciones a los monumentos no se haga lo mismo?, ¿no creo que el Ministerio de Cultura, tenga suficiente personal, para controlar las excavaciones?, precisaron.
“Entregar en concesión la intervención, a terceros, sean estos nacionales o extranjeros, es un riesgos para nuestro legado cultural; el Estado, está evadiendo su responsabilidad, y olvidando que nuestros bienes son inalienables, imprescriptibles y son nuestra herencia ancestral, eso no es correcto", finalizaron.
Cabe señalar que en la Asamblea Popular participó el gobernador regional, Edwin Licona Licona, alcaldes de las municipalidades del valle sagrado de los incas, organizaciones populares,, dirigentes barriales, y gremiales, así como instituciones representativas de la sociedad civil organizada y otras.
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