La Contraloría General de la República reportó que hay 278 funcionarios públicos con presuntas responsabilidades civiles, administrativas y penales, en solo medio año.
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Junín: registran más de 34 millones de pérdidas económicas por obras inconclusas
La Contraloría General de la República determinó que en la región Junín existe un perjuicio económico de más de 34 millones de soles, debido al uso inadecuado de los recursos estatales.
Estas cifras fueron reveladas por el Gerente Regional de Control Junín, Jean Franck Vásquez Neira, en conferencia de prensa sobre el informe de gestión del primer semestre de este año. Asimismo, dio a conocer los resultados de los informes de control trabajados en los Órganos de Control Institucional (OCI) de las entidades de toda la región.
“A través de los servicios de control simultánea que se cumplan las obras. El perjuicio, aparte de cuantitativo, es de calidad de vida del ciudadano. Por cuanto una carretera, un centro educativo, un hospital, un centro de salud es para el beneficio de la ciudadanía. Más que el perjuicio económico, que se calcula, es el perjuicio de la población que espera, hasta años, que le habiliten su sistema de agua, sistema de alcantarillado”, dijo el Gerente Regional de Control de Junín.
Irregularidades en obras
El funcionario indicó que se encontraron hechos irregulares en obras como el mejoramiento de agua potable en San Martin de Pangoa, donde se halló un perjuicio económico de cerca de 6 millones y medio de soles.
Otro caso es la obra de ampliación de redes secundarias de agua potable y alcantarillado en la provincia de Junín, la cual se advirtió que quedó sin el respaldo financiero que requiere, además del perjuicio económico de más de dos millones de soles.
Funcionarios investigados
La Contraloría General indicó que hay un total de 535 casos donde se ven involucrados 278 funcionarios públicos que deben enfrentar procesos civiles, penales y administrativos.
Los lugares con mayor perjuicio son Chanchamayo y Satipo, donde los pobladores son perjudicados al no tener acceso a las condiciones básicas de vida, según el funcionario regional de Junín.
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