Vladimir Cerrón afirma que jueza dictó sentencia en su contra "presionada por intereses políticos"

Desde la clandestinidad. El prófugo gobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, cuestionó este martes la condena de 4 años y 8 meses de prisión efectiva en su contra. La autoridad también señaló que "no hay ningún delito" en el caso de una obra de saneamiento en La Oroya durante su primera gestión (2011-2014).

"La juez no ha llamado al Procurador ni a la empresa contratista a este juicio, cuando son los protagonistas principales, y presionada por intereses políticos ha emitido esta sentencia que será apelada", indicó a través de un comunicado.

Vladimir Cerrón explicó que el año 2010, el entonces gobernador Vladimiro Huaroc, firmó un convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos, para el saneamiento de La Oroya. "No hubo licitación", señaló.

"El año 2011 la empresa solicitó sumas adicionales y pago de gastos generales paralizando la obra. Ante estas circunstancias se reúne el cuerpo de gerentes del Gobierno Regional de Junín (GRJ), evalúa la pretensión, decidiendo aceptar una conciliación con la empresa", ,manifestó.

La autoridad regional precisó que la conciliación la realizó el Procurador Público del GRJ, "que no depende funcionalmente del gobierno regional, sino del gobierno central", y el representante del Estado decidió reconocer 850 mil soles.

"Toda conciliación tiene carácter de ley, es idéntica a una sentencia. El GRJ cumplió con dicho acuerdo para que la obra continúe. Por el contrario, si no se hubiera cumplido con la conciliación hubiera sido un delito", afirmó.

Asimismo, Vladimir Cerró sostuvo que "en realidad, aquí no hay ningún delito", sino solo un cumplimiento de obligaciones conciliadas autónomamente por el procurador y la empresa", finalizó.

La jueza Susan Carrera, a cargo del Quinto Juzgado Anticorrupción de Junín, sentenció el jueves a Vladimir Cerrón a 4 años y 8 meses de prisión efectiva por los delitos de negociación incompatible y aprovechamiento del cargo. Además, lo inhabilitó del cargo por el plazo de un año, así como a una reparación civil de 850,000 soles.