Desde la clandestinidad, Arturo Fernández aseguró haber enviado este documento a la magistrada Ingrid Pajares Acosta, quien lo declaró reo contumaz y ordenó su captura tras ausentarse de la audiencia donde debía afrontar un proceso por difamación.
La Libertad
Suspendido alcalde de Trujillo envió carta notarial a jueza que ordenó su captura: "Nos veremos en su fuero judicial"
Arturo Fernández, quien fue vacado como alcalde de Trujillo por mayoría en el Concejo Provincial, aseguró que ha enviado una carta notarial a la jueza Ingrid Pajares Acosta, quien dispuso su captura inmediata tras haber sido declarado reo contumaz en el proceso por difamación en su contra.
Desde la clandestinidad, Fernández, suspendido de sus funciones hasta el 2025, aseguró que la carta enviada a la magistrada del Tercer Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad no han tenido respuesta.
"Me gustaría ponerme a derecho, pero ¿cuál es el problema? Aquí, la señora Ingrid Pajares Acosta, ayer le envié una carta notarial y no la recibe, yo le envié una carta y tiene que responderla", afirmó en diálogo con RPP.
"Nos veremos en su mismo fuero judicial, nos vamos a ver, yo solamente estoy esperando a que los jueces recapaciten", agregó.
Cabe recordar que la magistrada Pajares tomó la decisión luego de que Fernández no asistiera en repetidas oportunidades a la audiencia por difamación tras la querella presentada por el exdirector del Proyecto Huacas de Moche, Ricardo Morales Gamarra.
Acusa "intereses" detrás de su vacancia
Por otro lado, Fernández afirmó que hubo "intereses" por vacarlo como alcalde de Trujillo, presuntamente provenientes de su reemplazante, Mario Reyna Rodríguez, así como del gobernador regional de La Libertad, César Acuña.
Consultado sobre si presentará acciones frente a esta decisión, dijo que "seguirá incomodando" a los poderes de turno, tanto municipales, regionales, como judiciales, a quienes calificó como "mercenarios" de la política.
Tras la decisión del Concejo Provincial de Trujillo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) deberá decidir si ratifica o desestima la medida contra Fernández en un plazo máximo de 30 días.
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