La Contraloría General de la República determinó que el caso debe pasar al Órgano Instructor competente para el procedimiento sancionador.
La Contraloría General de la República detectó mediante una auditoría de cumplimiento que la Sociedad de Beneficencia Pública de Chiclayo, transgredió su propia normativa al momento de alquilar sus propiedades.
El informe publicado en la página web de la Contraloría, señala que en la auditoría se determinó que durante el periodo 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2015, la entidad benéfica arrendó sus bienes inmuebles sin haber determinado su valor comercial de renta mediante tasación profesional, inobservando la normativa de bienes estatales vigente aplicable y afectando el aseguramiento del valor real de renta a precios de mercado.
Además, se determinó que durante el período 1 de enero de 2014 a 31 de diciembre de 2016, la entidad arrendó bienes inmuebles de libre disponibilidad, sin haber efectuado convocatoria pública previa, inobservando, también la normativa antes mencionada, afectando la transparencia de los actos de arrendamiento de bienes inmuebles de libre disponibilidad del estado y la existencia de pluralidad de postores.
La Contraloría recomienda en su informe final que los hechos deben pasar al órgano Instructor competente, para fines del inicio del procedimiento sancionador, donde figuran nombres de exmiembros del directorio, exfuncionarios, así como trabajadores de la entidad.
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