Chaparrí y la situación que agudiza el conflicto en sus tierras

Siendo un área de conservación es importante saber qué genera invasión de terrenos y ahora la amenaza de muerte al presidente del Poder Judicial.
Uno de los sectores del área de conservación se vio afectada por depredación y tala de árboles. | Fuente: Mongabay Latam | Fotógrafo: Javier Ruíz – Frente de Defensa Salvemos Chaparri.

Las amenazas que recibió el Presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo, por parte de supuestos traficantes de tierras, debido a lo que han llamado su “intromisión” en el conflicto de Chaparrí, ha despertado las alarmas. La autoridad judicial pidió firmemente a la Fiscalía que se investigue y se dé con todos los responsables de la depredación del complejo.

No se ha observado un caso similar desde febrero de 2016, cuando Francisco Távara, ex presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), fue amenazado de muerte. Rodríguez señaló que traficantes de tierras estarían detrás de estas intimidaciones contra su persona. Aquí te explicamos el conflicto en esta zona ecológica.   

Antecedentes del hecho

En 2001, se declaró como área protegida a 34 mil hectáreas de las 42 mil que posee la comunidad campesina Santa Catalina de Chongoyape, por un lapso de 10 años, según una resolución del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp). Pasado ese lapso de tiempo, se eligió una nueva directiva y se dio la denominación perpétua de Área de Conservación Privada

Este cambio provocó la expulsión de 150 comuneros y se adujo malos manejos en la directiva anterior. Sin embargo, durante la gestión de esta última ocurrió un incremento a 800, según los propios comuneros, algunos de ellos no vivirían en la zona o en Chongoyape. Incluso se tratarían de empresarios de la región.

El exdirigente de la Asociación para la Conservación de Turismo Sostenible (Acoturs) y defensores de la Reserva de Chaparrí, Juan de Dios Carrasco, explicó que la nueva directiva pretende desconocer la resolución, a fin de convertir a la reserva en extensiones de cultivo, incluso dijeron que habría pruebas que lo demuestran.

En el 2001, una resolución del Sernanp declaró como área protegida a 34 mil hectáreas de las 42 mil que posee la comunidad campesina Santa Catalina de Chongoyape, por un lapso de 10 años. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Referencial

Niegan invasión de terrenos

En tanto, el actual presidente de la comunidad campesina Santa Catalina de Chongoyape, Lázaro Rodas, negó que ellos estén detrás del conflicto y la presunta invasión de tierras e incluso aseguró que se reunieron con el viceministro del Interior para pedir una investigación. Rodas aseguró que el tráfico de tierras ocurre desde hace años, debido a que exgobernantes han vendido y entregado certificados de posesión de las tierras que le pertenecen a la comunidad. También, explicó que el incremento de comuneros se trata de una reincorporación de aquellos que estaban suspendidos y además porque actualmente se inscriben personas que viven durante cinco años en el sector.

La Defensoría del Pueblo, reportó a Chaparrí como un conflicto de tipo comunal que podría desatar algún enfrentamiento en cualquier momento. | Fuente: RPP / Referencial

Conflicto latente

La Defensoría del Pueblo, reportó a Chaparrí como un conflicto de tipo comunal que podría desatar algún enfrentamiento en cualquier momento.

Asimismo, envió un oficio a la Prefectura Regional, para que se gestionen las garantías de seguridad necesarias, para los comuneros de Chaparrí que vienen recibiendo amenazas de muerte desde hace meses.

A la fecha, la Policía Nacional no ha emitido algún informe sobre la muerte del exteniente gobernador del sector El Mirador, en el distrito de Chongoyape, Napoleón Tarrillo Astonitas (52), ocurrido el pasado 30 de diciembre. Los familiares de la víctima, sospechan que el móvil del asesinato fue precisamente el conflicto de tierras.

Nuevas amenazas

Mientras tanto, el representante del Frente de Defensa Salvemos Chaparrí, Javier Ruiz Gutiérrez, advirtió que seis personas más están recibiendo  directamente amenazas de muerte, entre ellas el subprefecto de Chongoyape, Wilson Sánchez Guerrero. A este último lo intimidan, además, por organizar las rondas campesinas, por lo que solicitaron se hagan efectivas las garantías solicitadas por ellos y por la misma Defensoría del Pueblo.

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