En vez de gastar en la defensa de los funcionarios se debe prevenir la comisión de errores o delitos administrativos.
El que los servidores públicos que pertenecen a la Ley Servir reciban entre sus beneficios la defensa legal gratuita; es decir, pagada por la entidad para la que trabajan, incluso en procesos por corrupción, sigue causando polémica.
El abogado laboralista, Bernardino Céspedes Paz, se mostró en desacuerdo en ese extremo y la calificó de “absurda”, pues, para él, esta es una forma en la que el Congreso de la República busca blindar a los funcionarios desde antes que termine su gestión.
“El extremo de defender a trabajadores acusados de corrupción es un completo absurdo, porque el dinero gastado en defensa de un corrupto se pierde. Si es que trabajador es condenado ¿quién devolverá ese dinero?”, se preguntó el letrado.
Asimismo, explicó que la norma debe cambiar hacia la prevención; es decir, que una entidad pública contrate abogados para que estos eviten que se cometan errores como abuso de autoridad, despidos arbitrarios y otros inherentes a la función pública.
“Se supone que esta Ley permite evaluar anualmente a los trabajadores, por ende, se entiende que los funcionarios son persona idóneas que no deben cometer errores administrativos y muchos menos caer en corrupción”, señaló Céspedes Paz.
Para el especialista, la norma debe mejorarse, pues en el caso del Gobierno Regional de Lambayeque, solo beneficia a un grupo pequeño de trabajadores, que ya ha merecido un gasto de 30 mil soles.
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