Fiscalía investiga a seis funcionarios del gobierno regional

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura aperturó investigación contra seis funcionarios del Gobierno Regional de Piura por el presunto delito de peculado en la modalidad de malversación de fondos o bienes públicos, luego de que el Sindicato de Trabajadores Piura denunciará, el pasado 31 de octubre, presuntas irregularidades en la designación en cargos de confianza.

Los funcionarios investigados son el gerente general regional, Antonio Orellana; la gerente de Planeamiento y Presupuesto, Helen Luna; la jefa de la Oficina de Administración, Liliam Mío Holguín; la jefa de Recursos Humanos, Clarissa Mejía; secretaria general, Nimia Elera y el exgerente general Pedro Mendoza.

Además se incluye a la jefa de la Oficina de Control Institucional (OCI) del gobierno regional, Francisca Rodríguez, por el presunto delito de omisión de denuncia en agravio del Estado.

El secretario general del sindicato, José Amaya, explicó que los siete funcionarios nombrados bajo el Decreto Legislativo Nº 276, fueron designados en cargos de confianza del Gobierno Regional de Piura bajo la modalidad de contratación administrativa de servicios (CAS) para incrementar sus sueldos de 8 mil a 15 mil soles.

Los sindicalistas basaron su denuncia en el Informe Técnico Nº 1248-2016 de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), que estipula que los servidores sujetos al Régimen 276 que son designados en cargos de confianza como CAS, deben estar bajo esa modalidad de contrato por un máximo de 90 días calendario (tres meses), sin embargo, los funcionarios tendrían más de18 meses en sus cargos bajo la modalidad CAS.

Por su parte, el gerente general del Gobierno Regional de Piura, Antonio Orellana, asegura que la modificación realizada es legal y es respaldada por la Ley Servir. Además, ellos han reservado su plaza de contratación bajo modalidad del Decreto Legislativo Nº 276 e incluso podrían regresar según lo disponga el gobernador regional.

Con respecto al presunto delito de malversación, descartó esto debido a que indicó que se les está pagando con dinero destinado al pago de CAS y las remuneraciones que dejan de percibir están sirviendo para pago de bonificaciones, asignaciones por año de servicio, sepelio y luto, entre otros.

Asimismo, manifestó que son 12 los trabajadores contratados bajo el Decreto Legislativo Nº 276 designados en cargos de confianza como CAS.