Víctimas de esterilizaciones forzadas reclaman justicia

Las mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas ocurridas durante el gobierno de Alberto Fujimori expresaron que se mantendrán alertas al proceso de creación del registro que permitirá conocer la verdadera cifra de afectados que tuvo esa política de Estado.

En la Piura, inicialmente la Fiscalía recogió a nivel regional 242 casos, sin embargo de acuerdo a los datos recogidos por las propias organizaciones de mujeres de Huancabamba se tiene conocimiento que sólo en esa localidad hay registrados 200 casos más.

“Entonces hasta allí estamos hablando de por lo menos unos 500 casos en Piura, pero nosotros estimamos que son muchos más porque Piura fue uno de los lugares donde se realizaron más intervenciones de este tipo”, señaló María Ysabel Cedano García, directora de DEMUS, durante la realización del foro denominado “Por verdad, justicia y reparación: 2074 y muchas más víctimas de esterilizaciones forzadas”.

La Defensoría del Pueblo constató que se realizaron 272.028 operaciones de ligaduras de trompas y vasectomías entre 1996 y 2001. Hoy se estima que a nivel nacional –hasta el momento- son aproximadamente 10 mil presuntas víctimas que comprende la investigación fiscal.

La señora Veneranda Santos Adrianzen, de 50 años, víctima de esterilizaciones, proveniente de Huancabamba, exigió a las autoridades locales apoyarlas en sus esfuerzos porque se materialice el registro y se facilite el acceso a la justicia y al Seguro Integral de Salud.

“No sé leer ni escribir y me engañaron que me iban hacer un corte y que no dolía. Los doctores y las enfermeras me operaron en Huancabamba. Me durmieron y no supe lo que sucedió con mi cuerpo. Cuando desperté ya estuve ligada. Reclamé pero nadie me hacía caso y todos me ignoraron. Ahora lo que queremos es justicia”, relató la mujer que tenía 30 años cuando fue operaba en el caserío Chingano Grande del distrito Sondorillo.

Por su parte Baltazara Durand de Ramos, mujer de 79 años, junto a su hijo Alfredo Ramos Durand, llegaron también para exigir justicia por su hija Celia Ramos Durand quien fue sometida también a esta operación hace 18 años y producto de ella falleció estando hospitalizada en una clínica particular tras ponerse grave luego de ser intervenida en el centro de salud de La Legua – Catacaos.

Como ellas, muchas son las mujeres piuranas que protestan por este acto considerado ilegal y abusivo, a la cual aseguran fueron sometidas por engaños y ahora reclaman justicia y reparación civil por el daño que hasta hoy les repercute.