Así lo manifestó el investigador del Instituto de Estudios del Sur, pues según afirmó algunos mineros no tienen voluntad para formalizarse porque quieren hacer prevalecer sus beneficios.
Para el investigador del Instituto de Estudios del Sur, Aldo Santos, el Estado ha sido bastante condescendiente con los mineros ilegales en informales del centro poblado La Rinconada, distrito de Ananea, provincia puneña de San Antonio de Putina, que no tienen voluntad para formalizarse.
El declaraciones al programa Habla el Sur de Rpp Noticias, Santos explicó por ejemplo que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) ha permitido que con solo una declaración jurada o de compromiso haga uso de explosivos para sus actividades, sin necesidad de estar formalizados.
“El Estado les ha permitido que sigan operando con la condición que a diciembre del 2016 puedan formalizarse”, dijo, y que ello a la vez implicaba que los asociados a las cooperativas mineras se inscriban ante la Sunat para vender el mineral usando de facturas y puedan hacer una tributación.
Considera que el paro por la derogatoria de los Decretos Legislativos 1100 y 1105 fue injustificado, porque lo correcto sería la modificatoria de los mismos para culminar con lo avanzado, ya que un número importante de mineros tiene RUC, pero siguen vendiendo del oro al mercado negro.
“No hay voluntad de formalizarse, tributar y vender legalmente”, recalcó, y que más bien al Estado le correspondería cancelar las declaraciones de compromiso a los titulares de las concesiones donde murieron minero en socavones por someternos a condiciones laborales precarias.
Santos reconoce que en términos de números el proceso de formalización ha fracasado por esa falta de voluntad para formalizarse y mantener un stato quo, un modus operandi para hacer prevalecer sus beneficios eludiendo tributar usufructuando de los recursos de todos los peruanos.
Si bien los gobierno regionales no cumplieron una labor significativa con la pequeña y mediana minería, sostiene que ello obedece a la poca capacidad y pocos recursos otorgados que puedan apoyarse en políticas nacionales bien formuladas para hacerle frente a este problema social.
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