Empresa canadiense Bear Creek Mining Corporation demandó al Estado peruano por la cancelación del proyecto Santa Ana en el distrito de Huacullani.
La protesta el “Aymarazo” le costará al Estado mil 200 millones de dólares, monto que pide la empresa canadiense Bear Creek Mining Corporation como indemnización por la cancelación del proyecto Santa Ana en el distrito de Huacullani, provincia puneña de Chucuito.
Según dio a conocer la ONG Suma Marka, la audiencia sobre la demanda se realizará del 7 al 14 de setiembre en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), con sede en Washington, Estados Unidos.
El arbitraje entre la minera contra el Estado peruano se basa en el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y el Perú, que permite este tipo de procedimientos en caso de controversias de esta naturaleza.
En las diligencias iniciales la defensa de la minera expuso que el proyecto fue anulado por presión de las poblaciones aymaras dirigidas por el entonces presidente del Frente de Defensa de los Recursos Naturales, Walter Aduviri, con una postura antiminera radical y con matices políticos.
En los memoriales enviados por las comunidades afectadas por el proyecto, se fundamenta probables daños ambientales que se tenían antes del 2011 cuando se iba a ejecutar el mismo.
No obstante, Elisario Antúnez de Mayolo, el vocero de Bear Creek ante el tribunal admitió desconocer la aplicación de la consulta previa de acuerdo al Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), lo que en opinión es responsabilidad del Estado.
La protesta del “Aymarazo” duró casi dos meses y dejó millonarias pérdidas por actos vandálicos que provocaron la destrucción de propiedad pública y privada.
Sobre este caso son 18 personas procesadas por el delito de extorsión agravada para quienes el juzgado esta solicitando penas entre los 19 y 28 años de cárcel efectiva.
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