Aprobación de Ley del Negacionismo divide a congresistas

La aprobación del proyecto de Ley del Negacionismo en sesión conjunta de las comisiones parlamentarias de Constitución y Justicia el martes último ha generado opiniones divididas entre los congresistas, unos a favor y otros en contra.

El legislador Heriberto Benítez, de Solidaridad Nacional, expresó su desacuerdo con que eventualmente la norma sea aprobada en el Pleno del Congreso al indicar que hay aspectos que no están claros y porque colisiona con la libertad de expresión.

Objetó que la fórmula señale que aquel que niegue delitos de terrorismo cometidos con sentencia firme podrá ser sancionado hasta con 12 años de prisión, según dijo, al amparo de leyes derogadas.

Acotó que cuando se habla de sentencia firme se hace referencia a fallos protegidos por la "cosa juzgada". En su opinión, los jueces en vez de valorar el aspecto legal tendrán que valorar el aspecto histórico.

"Este proyecto colisiona con la libertad de expresión, pretende que a personas que nieguen leyes derogadas puedan ser sancionadas y  busca que los jueces se conviertan en historiadores", expresó en RPP Noticias.

Benítez advirtió que también se estaría provocando la "censura previa" en los medios de comunicación, para evitar penas de 15 años de prisión, multas e inhabilitación.

Cuestionó además que el actual proyecto de Ley del Negacionismo aprobado en las comisiones del Congreso, excluye los delitos de lesa humanidad y solo abarca al terrorismo subversivo.

"Si alguien mañana más tarde niega la matanza de La Cantuta, de Barrios Altos o los desaparecidos del Santa, no pasa absolutamente nada. Yo creo que hay que dar un trato igual porque el terrorismo es terrorismo, sea de Estado o Subversivo", aseveró.

A su turno, Fredy Otárola, del Partido Nacionalista, consideró que la Ley del Negacionismo es un "aporte" y una "herramienta" para que el Estado evite que no vuelva a repetirse la época del terror.

"La democracia tiene que defenderse, no puede ser débil y boba", sostuvo al indicar que actualmente Sendero Luminoso ha optado por una figura legal como el Movadef a fin de "recomponer fuerzas".

En cuanto al castigo a los medios de comunicación dijo que ello aplicaría para aquellos que "nieguen hechos terroristas con el objetivo de incentivar la subversión".

"La libertad de expresión -como todos los derechos- no es absoluta, admite algunas limitaciones, una de ellas es la dignidad humana, otro es el derecho al honor, al buen nombre, son situaciones que debe ponderar el periodismo", sentenció.

Otárola reconoció que el Estado ha sido "pasivo" en su acción para frenar el avance de Sendero Luminoso en las universidades, por lo que insistió en que se deben dar "armas" al Estado para la lucha contra el terrorismo.

"Démosle al Estado herramientas democráticas para evitar hechos que  nadie quiere que se repita", manifestó al apuntar que también es importante el compromiso de otros actores como los partidos políticos, de la prensa y de toda la sociedad democrática.

Finalmente, recordó que aún hace falta "una gran debate" en el Pleno del Congreso y anotó que posiblemente se realicen ajustes a la polémica norma.