Aprueban acusar a Alan García y sus ministros por Agua para Todos

El Pleno del Congreso aprobó la noche del miércoles el informe de la megacomisión investigadora del anterior gobierno aprista sobre el programa Agua para Todos, que incluye una denuncia constitucional contra el expresidente Alan García, y sus exministros Jorge del Castillo y Hernán Garrido Lecca.

Los exfuncionarios serán acusados por infracción constitucional y asociación ilícita para delinquir, por supuestamente haber aprobado una serie de normas y procedimientos, para justificar la millonaria inversión en el programa, flexibilizar los controles para favorecer a determinadas empresas, ocasionando un perjuicio económico al Estado.

Para este resultado se realizaron dos votaciones, pues el congresista Pedro Spadaro, vocero de Fuerza Popular, planteó una cuestión previa para que las acusaciones contra García y sus ministros se voten por separado, los puntos uno y seis del informe final.

Esto, porque consideraba que no había fundamentos para tal acusación, en la medida que el expresidente aprista estaba habilitado para promulgar el decreto de urgencia 014-2007.

Sin embargo, puesto a votación, el informe final fue aprobado por 65 votos a favor, cinco en contra y siete abstenciones, mientras que las acusaciones contra García y sus ministros tuvo el respaldo de 40 votos a favor, 17 en contra y 20 abstenciones.

De acuerdo a las conclusiones del informe, el punto 1 y 6, recomienda denunciar constitucionalmente al expresidente Alan García, al ex premier Jorge del Castillo y al ex ministro de Vivienda Hernán Garrido Lecca, por la presunta infracción constitucional al haber vulnerado el inciso 19 del artículo 118°y el artículo 125° de la Constitución Política del Perú, en la modalidad de asociación ilícita para delinquir.

El presidente la megacomisión, Sergio Tejada, señaló que ahora las acusaciones contra García y sus ministros pasa a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, mientras que los otros funcionarios serán trasladados al Ministerio Público.

En la sustentación, Tejada señaló en una de las conclusiones, que la emisión de la Ley 28870 y el Decreto Supremo 020-2006 del sector vivienda que declararon en emergencia el sector de saneamiento con una transferencia de más de 4 mil millones de soles para el financiamiento de mil 165 obras, procesos en los cuales se han detectados presuntas irregularidades y deficiencias.

Dijo que la declaración de emergencia permitió la reducción de exigencias técnicas, de controles y procedimientos en la ejecución de obras de saneamiento a nivel nacional. Además, fue suspendido parcialmente la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estaco y fue desarticulando el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) establecido para garantizar el adecuado uso de los recursos públicos.

Entre las recomendaciones, se exhorta al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para que verifique la existencia de convenios específicos de financiamientos suscritos con las Unidades Ejecutoras con la antelación a la trasferencia de recursos para las obras de saneamiento.

Asimismo, propone la derogatoria del Decreto Supremo 024-2006-Vivienda, que establece un procedimiento especial de selección para los proyectos de saneamiento que ha permitido el establecimiento de  un sistema paralelo de contrataciones, reduciendo exigencias técnicas a los postores.

Además, recomienda remitir el informe al Ministerio Público con el fin de que se realicen las investigaciones pertinentes sobre la presunta comisión de diversos ilícitos penales adicionales a los encontrados en la investigación parlamentaria.

Otra de las recomendaciones ha sido solicitar a la Contraloría General de la República para que a través del Órgano de Control Interno del Ministerio de Vivienda y Sedapal, efectúe las acciones y exámenes especiales para determinar responsabilidades de funcionarios de dichas entidades que habrían permitido a las empresas contratistas la interposición de arbitrajes vinculadas a la ejecución de obras de saneamiento.

ANDINA


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