Congreso aprobó ley sobre formalización del inmueble en Ica

La medida declara de interés nacional la formalización de la propiedad inmueble en la Región Ica, en las provincias de Chincha, Pisco, Ica, Palpa y Nasca, afectadas por los terremotos.

El pleno del Congreso aprobó hoy declarar de interés nacional y preferente atención la formalización de la propiedad inmueble en la Región Ica, en las provincias de Chincha, Pisco, Ica, Palpa y Nasca, afectadas por los terremotos del 12 de noviembre de 1996 y 15 de agosto de 2007.

La propuesta legal fue aprobada por unanimidad con el respaldo de 112 legisladores, y en primera votación.

Durante el debate, el legislador Humberto Lay, de la Alianza por el Gran Cambio, dijo que la iniciativa era un clamor de la población iqueña, que tras el terremoto del 2007, no han podido, por ejemplo, acceder a créditos.

El parlamentario, tras ratificar su apoyo a la propuesta legal, consideró lamentable, escandalosa e inmoral la situación en que se encuentra Ica, pues muy poco se hizo por la reconstrucción.

En tanto, el congresista Casio Huaire, de Alianza Parlamentaria, expresó su respaldo a la iniciativa y pidió que Cofopri y las autoridades competentes se encarguen de realizar la legalización de las propiedades de los afectados por el terremoto.

El congresista Humberto Lay se mostró a favor de esta iniciativa legal, teniendo en cuenta los años de desidia por parte de las autoridades gubernamentales en la reconstrucción.

“Todos somos concientes que después de cuatro años del terremoto todavía las cosas son lamentables, escandalosas e inmorales”, afirmó.

El proyecto plantea que se declara de interés nacional y preferente la formalización de la propiedad inmueble de la región Ica, provincias de Chincha, Pisco, Ica, Palpa y Nasca, afectadas por los terremotos del 12 de noviembre de 1996 y 15 de agosto de 2007.

De igual manera, la congresista fujimorista Luz Salgado, manifestó estar de acuerdo con formalizar la propiedad del inmueble.

Dijo que es justo que los pobladores reclamen no haber podido a exceder a créditos y servicios básicos tras el sismo que destruyó sus viviendas.