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por Sergio Espinoza
·El Pleno del Congreso aprobó esta semana la acusación constitucional contra la exparlamentaria que, según la hipótesis de la Fiscalía, habría favorecido a la supuesta red criminal Los Intocables Ediles de La Victoria.
El Congreso oficializó este sábado la acusación constitucional contra la exparlamentaria aprista Luciana León Romero por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado, cohecho pasivo impropio y peculado doloso por apropiación.
La oficialización se dio a través de la Resolución Legislativa del Congreso 020-2022-2023-CR, publicada esta mañana en el boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano.
El dispositivo legal remarca que el 14 de marzo del 2022, la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, interpuso ante el Parlamento la denuncia constitucional 420 contra la exlegisladora por los delitos mencionados.
También que el Ministerio Público inició las investigaciones preliminares con sustento en información y documentación recibida sobre los presuntos actos ilícitos que habría cometido León Romero en su calidad de congresista.
La resolución lleva las firmas del presidente del Congreso, José Williams Zapata, y la primera vicepresidenta del Parlamento, Martha Moyano.
Los casos
Los actos irregulares, señala la parte considerativa de la resolución, consistirían en acciones de favorecimiento a la supuesta organización criminal Los Intocables Ediles de La Victoria, liderada por el exalcalde de La Victoria, Elías Cubas, a cambio de determinados beneficios.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, León habría gestionado ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el financiamiento de obras públicas en la Municipalidad de La Victoria a cambio de la contratación de su hermano Rómulo León como empleado de Alexander Peña Quispe, quien también sería cabecilla de la presunta red criminal.
La excongresista aprista también es sindicada de haber ejercido influencias en el Ministerio de Vivienda a favor de la supuesta red, recibir dinero para “ilícitas gestiones” y contratar a “trabajadores fantasmas” para recibir su remuneración en beneficio propio.
El 24 de marzo de este año, la Comisión Permanente aprobó por unanimidad el informe final que recomendaba acusar a la excongresista aprista por presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias agravado, cohecho pasivo impropio y peculado doloso por apropiación; sin embargo, rechazó el extremo que proponía acusarla por organización criminal.
El 15 de junio, el pleno del Congreso aprobó la acusación constitucional contra Luciana León por los delitos citados. Con esta decisión, el Ministerio Público puede formalizar la investigación y solicitar medidas restrictivas contra la exlegisladora.
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