Denuncia por ´chuponeo´ genera escándalo político en el Gobierno

Una denuncia publicada el domingo en un medio local puso al descubierto la interceptación telefónica por parte de la Policía a periodistas y al congresista de APGC Luis Galarreta Velarde.

A los tres días de la detención de Rudy Palma -el experiodista de Perú 21 que fue acusado de revisar los correos de funcionarios del Gobierno- el 28 de abril, el Tercer Juzgado Penal Supraprovincial, autorizó el levantamiento del secreto de las comunicaciones de dieciocho números celulares y fijos, según detalla la denuncia publicada en La República.

Según la acusación periodística Galarreta fue ‘chuponeado’ mientras se enfrentaba a la Mesa Directiva por la elección de uno de los directores del BCR y por la delegación de facultades al Ejecutivo en materia tributaria.

Esto desató una tormenta política este lunes, cuando el legislador dio una conferencia de prensa en el Congreso de la República apoyado por varios legisladores de la oposición rechazando la interceptación a su teléfono y emplazó al presidente del Poder Judicial, al fiscal de la Nación y al titular del Consejo de Ministros a dar explicaciones sobre este hecho.

"No digo que me vayan a comunicar que me van a levantar el secreto de las comunicaciones porque sería absurdo. Pierde lógica la acción", acotó el congresista.

Durante la conferencia, apareció el presidente del Congreso Daniel Abugattás, quien lamentó que se haya vulnerado la inmunidad parlamentaria de un legislador y expresó su solidaridad al congresista Galarreta.

A su turno, la primera vicepresidenta de la República, Marisol Espinoza, aseguró que el Gobierno es “absolutamente respetuoso” de la independencia de poderes, así como de la confidencialidad de las comunicaciones.

“Ni el señor (Óscar) Valdés ni el presidente del Congreso, Daniel Abugattás, tienen la capacidad ni facultad para ordenar ningún tipo de interceptación. Es absurdo que congresistas afirmen lo contrario”, afirmó Espinoza en diálogo con RPP Noticias.

La Presidencia del Congreso de la República respondió a las declaraciones del legislador de APGC, quien a raíz de la violación de su secreto de las comunicaciones, señaló una actuación “desleal” del titular del Parlamento.

En un comunicado, aseguran que en torno a este caso se “actuó de buena fe y en forma colaborativa con el Ministerio Público y la Policía Nacional”, ante la información recibida de una posible o presunta afectación de la correspondencia u otros derechos afectados a un congresista de la República. 

El Fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, dijo que estas escuchas telefónicas se hicieron en el marco de la legalidad, pero que se desactivaron en 48 horas porque no eran de interés para la investigación.

En declaraciones exclusivas a RPP Noticias, manifestó que tras la detención del experiodista de Perú21, Rudy Palma,  la Policía encontró diversos números en su teléfono celular.

"Como la Policía remite el atestado, el Fiscal solicitó al juzgado correspondiente la interceptación legal de estas líneas telefónicas", afirmó.

Peláez manifestó que entre esos números estaba el del parlamentario. "Hasta lo que tengo conocimiento, se dictó la medida el 28 de abril pero el 30 del mismo mes, se desactivó la línea porque esta no tenía relevancia para el caso  que era materia de investigación. Esta es una versión del fiscal que lleva la investigación", manifestó.

Mientras, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) abrió investigación preliminar al juez Abel Pulido Alvarado, magistrado del Tercer Juzgado Penal Supraprovincial y quien ordenó la interceptación telefónica contra el legislador de oposición.