Dina Boluarte propone elecciones para 2024: ¿Por qué es razonable el plazo planteado ante la convulsión social? [ANÁLISIS]

El lunes 12 de diciembre, el Gobierno de Dina Boluarte, presentó al Congreso un proyecto de reforma constitucional para adelantar las elecciones generales a abril de 2024, tras la convulsión social que se registra desde hace días en regiones como Apurímac y Arequipa.

La medida de la jefa de Estado supone que el adelanto de los comicios, que es una de las exigencias de los manifestantes, ahora esté en manos del Parlamento. El propio titular del Legislativo, José Williams, dijo hace unos días que este escenario es una posibilidad que se puede considerar según las circunstancias del país.

A casi una semana del intento de golpe de Estado y la detención del expresidente Pedro Castillo, las protestas han ido agudizándose día a día, sobre todo en la región Apurímac, donde se han registrados cinco manifestantes fallecidos y decenas de heridos, entre ciudadanos y policías.

Los reclamos medulares son tres: el adelanto de elecciones, la dimisión de Dina Boluarte y el cierre del Congreso. Ante un nuevo panorama de crisis sociopolítica se plantean interrogantes puntuales: ¿Se ajustan los plazos previstos por el Gobierno? ¿Qué reformas políticas se deben tener en cuenta?

Los plazos para convocar a elecciones

Realizar elecciones extraordinarias no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana, pues se debe tener en cuenta los plazos para convocar los comicios y el tiempo que puede tardar el Congreso en aprobar el proyecto de reforma constitucional presentado por el Gobierno.

En entrevista con RPP Noticias, los abogados especializados en derecho electoral Roy Mendoza y Jorge Jáuregui explicaron que, según establece la ley electoral, se requieren 270 días de anticipación, entre la convocatoria y la realización de un nuevo proceso electoral.

Mendoza precisó que, en ese periodo y una vez convocadas las nuevas elecciones, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debe emitir un cronograma electoral para fijar las fechas de los hitos electorales y aprobar los reglamentos para que los partidos políticos inscriban las listas de sus candidatos. Mientras que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) iniciaría el proceso para capacitar a su personal y velar por el cumplimiento de la democracia interna en las agrupaciones políticas.

El nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello, ha adelantado que la fecha tentativa para realizar los nuevos comicios es el segundo domingo de abril del 2024. Los plazos se acomodan al requerimiento de ley.

El Ejecutivo tiene previsto que los nuevos comicios se convoquen en julio de 2023, si hay voluntad en el congreso por aprobar la iniciativa, ya sea en una legislatura o en dos. Así, se cumplirían los 270 días de anticipación que se requieren para convocar nuevos comicios y para que comience a regir el cronograma electoral, que también incluye la realización de elecciones primarias. 

“La línea de tiempo que tenemos de acá hasta abril del 2024 es una línea de tiempo bastante regular, porque en abril del 2023 tenemos la aplicación del principio de intangibilidad normativa; es decir, ninguna norma electoral puede ser cambiada un año antes de la elección [abril de 2024]”, detalló.

Además del plazo de 270 días, tengamos en cuenta que el Ejecutivo también ha anunciado una serie de reformas políticas para evitar futuros conflictos entre los Poderes del Estado. Entre ellas se plantea que la corrupción sea una causal para vacar a un presidente en funciones.

Por eso, el ministro de Defensa, Alberto Otárola, explicó ayer en RPP Noticias que las elecciones no se pueden realizar el próximo año, porque se trata de un periodo muy corto para concretar las reformas políticas, que requerirán del consenso entre el Ejecutivo y Legislativo.

“Se debe hacer una amplia reforma política porque no va a ser posible llegar a unas nuevas elecciones si no resolvemos algunos nudos en nuestro sistema político y que podrían explicar parte de esta crisis política”, precisó Otárola.

¿Y el proyecto de Digna Calle?

El proyecto de ley presentado por la congresista Digna Calle para adelantar las elecciones al 2023 ya cuenta con un dictamen favorable en la Comisión de Constitución. El Pleno del Congreso tiene previsto debatir mañana, miércoles 14, si incluye en su agenda el proyecto de Calle para su posterior debate y votación.

Sin embargo, Roy Mendoza advirtió que, de aprobarse este proyecto, los plazos serían muy cortos para convocar comicios para el año 2023. El propio presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, ha hechos énfasis en la necesidad de que se respeten los pasos y fases necesarias para tener “elecciones justas y correctas”.

“[El proyecto de Digna Calle] plantea un adelanto para 2023, pero son plazos muy breves y cortos, lo que no siempre coadyuva a tener un buen resultado electoral. Me parece que lo más razonable es que las elecciones sean en 2024”, aseveró Mendoza.

El proceso en el Congreso para aprobar la iniciativa del Gobierno

El Gobierno de Dina Boluarte presentó ayer ante el Congreso el proyecto de reforma constitucional para adelantar las elecciones a abril de 2024; sin embargo, la legislatura del Parlamento expira el 15 de diciembre y, la próxima, comienza el 1 de marzo de 2023. 

En entrevista con RPP Noticias, César Delgado-Guembes explicó que, al tratarse de un proyecto de reforma constitucional, corresponderá que la iniciativa del Gobierno de Dina Boluarte sea remitida a la Comisión de Constitución y Reglamento que preside el congresista fujimorista Hernando Guerra García.

De aprobarse el proyecto de reforma constitucional en esta instancia parlamentaria, la iniciativa deberá ser elevada al Pleno del Congreso para su votación, pero en este punto hay dos escenarios.

Como se trata de una reforma a la Constitución, se requiere la votación calificada en dos legislaturas consecutivas, en las que debe haber 87 votos a más, o 66 votos (mayoría absoluta) y un posterior referéndum.

“Si solo se llega a la mayoría absoluta, que son 66 votos, el proyecto debe pasar a referéndum. En caso de que el proyecto fuera aprobado por dos tercios de congresistas, que son 87 votos, este proyecto debería ser aprobado nuevamente en una segunda legislatura ordinaria por el mismo número de votos o más. Si se aprueba con 87 votos, la reforma queda aprobada y no se quiere de un referéndum”, complementó Delgado-Guembes.

El exjefe de la ONPE, Fernando Tuesta Soldevilla, señaló ayer, en su cuenta de Twitter, que no es previsible si el Congreso ampliará su legislatura para aprobar el proyecto del Ejecutivo; por lo que el plazo establecido estaría en riesgo si no hay voluntad política en el Parlamento.

“Incluso, si [el proyecto] se aprobara en esta legislatura, nada asegura que el Congreso lo haga el 1 de marzo. En consecuencia, el Congreso solo aprobará la propuesta de adelanto de elecciones si es presionado a votar en diciembre y adelantar la legislatura para votar en enero. Solo así se garantizará las elecciones adelantadas”, escribió.

¿Es viable llevar a cabo reformas en un contexto de convulsión social y crisis política?

En diálogo con RPP Noticias, el secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Iván Lanegra, consideró que, a pesar de la crisis sociopolítica y de la poca aprobación del Congreso y el Gobierno, sí se pueden llevar a cabo reformas políticas y electorales, y eso ha quedado comprobado en otros años donde también se vivió una crisis política.

Distinto fue el parecer del abogado especialista en derecho electoral, Jorge Jáuregui, quien consideró que solo se debe disponer el adelanto de elecciones, puesto que la desaprobación ciudadana de ambos poderes del Estado desvirtúa los cambios.

En tanto, Lanegra dijo que – dentro de las reformas que deberá plantear el Ejecutivo – se deben priorizar iniciativas que permitan contar con una mejor calidad de políticos y representación política; así como garantizar que se cumplan las reformas políticas y electorales que han sido implementadas en años anteriores. 

“Si hacemos elecciones hoy, solo podríamos hacerlo con aquellos partidos que están inscritos, no habría más y seguramente estaríamos en una situación [difícil] para el elector”, mencionó.

“Hay cosas que son punto de partida de inicial sobre la oferta política, creo que una de las cosas que más ha preocupado es la pérdida progresiva de calidad de los políticos y de la representación política. Hay que cambiar esa situación”, añadió.

Para Iván Lanegra, es vital que se regule la aplicación de la vacancia presidencial y la disolución del Congreso para evitar más conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo; así como la implementación de la renovación por tercios en el Congreso y un mecanismo para que los legisladores rindan cuentas de su gestión.

El Gobierno ya presentó el proyecto para adelantar las elecciones a abril de 2024. Ahora, como dice el dicho popular, el balón está en el campo del Congreso y todo dependerá de su ánimo para que se concreten nuevos comicios, teniendo en cuenta los plazos establecidos por la ley.