El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, también agregó que cualquier reestructuración de la empresa es posible y pasa por el cumplimiento de las exigencias ambientales.
El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, anunció hoy que el Estado peruano exigirá que la empresa minera Doe Run Perú (DRP) que cumpla con sus obligaciones ambientales.
“Cualquier reestructuración de la empresa es posible porque siempre es posible reestructurar, pasa por el cumplimiento de las exigencias ambientales”, señaló.
Agregó que el gobierno ha sido claro respecto a la solicitud de arbitraje interpuesta por la empresa, la cual es rechazada tajantemente por el Estado peruano.
“DRP tiene una obligación que cumplir y tiene que cumplirla sin estar iniciando procesos judiciales por todos lados, porque no solamente está ese arbitraje, está la impugnación del Estado peruano como acreedor”, dijo.
Señaló que la empresa ha interpuesto una serie de medidas administrativas y legislativas que el Poder Ejecutivo rechaza.
“Como ha dicho el presidente del Consejo de Ministros, Oscar Valdez, y el propio ministro de Energía y Minas, nosotros exigimos que (DRP) cumpla con sus obligaciones ambientales”, señaló.
Cabe señalar que el 30 de marzo 18 congresistas demócratas suscribieron una carta en la que manifiestan su preocupación por el comportamiento de DRP por lo daños que la empresa genera a la imagen de la inversión estadounidense en Perú y América Latina.
“Pensamos que el bajo récord ambiental de esta compañía refleja una imagen negativa y pone en riesgo la credibilidad de los esfuerzos de Estados Unidos por promover las inversiones responsables en el extranjero”, señala la carta.
La carta fue dirigida a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, y dice que la subsidiaria estadounidense de Renco Group, Doe Run Resources, tiene un récord de bajo rendimiento en términos ambientales, al igual que DRP, y ha sido multada por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA).
Asimismo, los congresistas recuerdan que existe una demanda interpuesta por Renco Group contra el Estado peruano por 800 millones de dólares bajo los términos del Tratado de Libre Comercio (TLC) bilateral e indican que este mecanismo representa una preocupante tendencia de compañías multinacionales que abusan de su posición en los acuerdos comerciales.
Andina
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